Fue en octubre de 2012, cuando más de 500 policías perfectamente coordinados asestaban el mayor golpe de la historia de nuestro país contra la organización del empresario chino Gao Ping presuntamente acusado, entre otras, de defraudar a Hacienda millones de euros mediante la venta al mayor de productos fabricados en el país asiático y su red de bazares de “todo a cien”.
Casi un centenar de personas detenidas, 12 millones de euros incautados en efectivo, 108 registros y más de 350 embargos son algunas de las cifras que quedarán para la historia de este tremendo golpe policial, en el que los investigadores desmantelaron una importante red de blanqueo de dinero que enviaba a paraísos fiscales, y a China, las ganancias que la organización generaba en España.
Caso visto para juicio
Tras más de seis años de investigación, en noviembre, el titular del juzgado número cuatro de la Audiencia Nacional, el magistrado Fernando Andreu, decidió prorrogar 18 meses más las diligencias de investigación de la causa.
Esta decisión, que tenía el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, ha sido recurrida por la defensa del propio Gao Ping y de otros tres investigados. Y la Audiencia Nacional les ha dado la razón. La instrucción está terminada.
Estos imputados consideran que tras seis años de instrucción es tiempo de llevar el caso a juicio, y más teniendo en cuenta que durante el último año no se ha producido ninguna diligencia de investigación relevante. La sala les ha dado la razón.
La fiscalía se opone
El criterio de la Sección Tercera de la Audiencia no ha gustado a la Fiscalía Anticorrupción, que estaba a favor de prorrogar otros 18 meses la instrucción de la causa dado que, a su entender, quedaban todavía diligencias por cerrar.
Una de estas diligencias pendientes es la respuesta de Andorra a una comisión rogatoria de la Audiencia Nacional.
De hecho, la justicia andorrana, de forma preliminar, ya ha contestado dicha solicitud de información, y lo ha hecho con una evasiva, requiriendo al juez español más información sobre las personas investigadas antes de acceder a facilitar o no los datos requeridos.
Otra de las líneas de investigación en curso es la implicación de los propietarios de la Banca Privada de Andorra en la caso emperador, y de algunos de sus clientes, entre otros, de Rafael Pallardó Calatrava, testaferro de Gao Ping, del actor porno Nacho Vidal y de una conocida cadena de perfumerías hispano andorrana, que también era accionista del banco andorrano y que participó en los movimientos de fondos de la organización china en España.
Con la instrucción cerrada, todas estas cuestiones ya serán pólvora mojada para el juicio.
La justicia de Andorra pendiente de un hilo
El cierre de la instrucción de la causa “emperador” en España puede provocar un vuelco importante en el caso BPA que se juzga en Andorra.
La fiscalía andorrana sustenta la acusación contra directivos y empleados del banco intervenido, en un supuesto delito de blanqueo de capitales que tendría como delito origen en España, la corrupción, las amenazas o el tráfico de personas entre otros.
Estos supuestos delitos han ido desapareciendo a lo largo de la instrucción española del caso Emperador, ya sea por falta de pruebas o por la absolución de algunos acusados.
Paradójicamente, el problema para la justicia andorrana puede llegar si el único delito imputable a la organización de Gao Ping, es el delito fiscal.
Según la legislación andorrana, el delito fiscal no era delito en Andorra en el momento en que ocurrieron los hechos investigados, y por lo tanto podría ser muy complicado, para el gobierno que preside Toni Martí, justificar ahora la intervención y liquidación de un banco si el motivo fue sólo un fraude a Hacienda.
