Corría el año 2015 y la crisis generada en Andorra por la nota del departamento del tesoro americano para la lucha contra el blanqueo de capitales (Fincen) obligó al gobierno de Toni Martí a tomar cartas en el asunto para intervenir, de forma inmediata, la Banca Privada de Andorra.
Para hacerlo, el ejecutivo andorrano tuvo que aprobar una ley que no existía en el principado pirenaico, la llamada ley BPA. Esta ley de reestructuración y resolución de entidades bancarias traspuso a la ley andorrana la Directiva Europea 2014/59/UE sobre este tema, evitando una liquidación judicial del banco (única opción posible antes de la nueva ley) y permitiendo su reestructuración y posterior venta al fondo buitre americano JC Flowers.
Andorra modifica la ley europea a su medida
Cabe destacar que en 2011 se firmó el Acuerdo monetario entre Andorra y la Unión Europea. Dicho acuerdo permitió al Principado utilizar y acuñar euros, pero también obligó al país de los pirineos a retomar el acervo comunitario, es decir, a aceptar el conjunto de normas, jurisprudencia, resoluciones, acuerdos y tratados vigentes en la Unión Europea y que son asumidos por todos los Estados miembros, en lo relativo, en este caso, a legislación en materia bancaria y financiera.
En este marco normativo y ya en 2015, Andorra, hace suya la Directiva 2014/59/UE para poder reestructurar la BPA, pero modifica el apartado relativo a las obligaciones de los accionistas, a los que la norma europea obliga a responder con todo su patrimonio, acciones y depósitos en la entidad objeto de reestructuración.
No obstante, el ejecutivo andorrano decide, unilateralmente, modificar dicho precepto sin comunicarlo al regulador europeo. Como resultado la nueva ley andorrana indica que sólo perderán su dinero en la reestructuración aquellos accionistas que tengan más del 10% del capital social de la entidad.
La familia Zamora Bonet se libra
Tras este apaño legislativo, la familia Zamora Bonet, propietaria de la cadena de perfumerías Júlia y accionista del 6,6% de Banca Privada de Andorra, se libró de perder sus ahorros al encontrarse su participación accionarial por debajo del 10% y por lo tanto no verse afectada por la nueva ley.
La familia Zamora Bonet, no sólo es conocida en Andorra por ser la propietaria de la cadena hispano andorrana de perfumerías, también lo es por ser sus propietarias, Melània, Immaculada i Anna Maria Zamora Bonet, la madre y las tías del que en esos momentos era exjuez y ministro de Justicia e Interior de Andorra, Xavier Espot Zamora.
De ministro a presidente del gobierno
El entonces ministro, Xavier Espot, es hoy el nuevo presidente del país. Una presidencia a la que accedió tras revalidar su partido la victoria en las elecciones del pasado 7 de abril, en las que obtuvo poco más del 35% de los votos.
Para acceder al cargo de “Cap de Govern” (que es como se llama en Andorra al presidente del gobierno), el partido de Espot se ha visto obligado a pactar con el que fue el principal partido en la oposición durante dos enfrentadas legislaturas, el partido Liberal de Andorra, al que se han ofrecido cuatro ministerios para cerrar el pacto de gobierno.
Un pacto que ha sido visto como una auténtica traición por buena parte del electorado andorrano que quería ver fuera del poder al partido demócrata de Toni Martí y de su sucesor Xavier Espot.
El Tribunal Europeo admite a trámite la demanda contra la ley
Ante esta situación, los antiguos accionistas mayoritarios de BPA han presentado una demanda, que ha sido admitida a trámite por el Tribunal General de la Unión Europea, en relación a la intervención del banco andorrano del que eran los propietarios. Consideran que en la trasposición de la ley podría darse un delito de prevaricación.
Dicha demanda va dirigida contra la Comisión Europea, a quien responsabilizan también de no haber supervisado la implementación en Andorra de la Directiva 2014/59/UE como era su obligación.
