Uno de los acusados del ‘caso Mediador’ denunció ante la Policía unos supuestos cargos no autorizados en su tarjeta, con la que pagó los servicios de las prostitutas. La realidad era que estaba disimulando ante su mujer, pero el escándalo ya estaba servido…
El pasado 14 de febrero, Sant Valentín tiró la fecha del “amor” contra varios empresarios, políticos del PSOE y un exguardia civil que quedaron detenidos como presuntos implicados en el ‘caso Mediador’, una investigación que desde hace un año se instruye en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife.
Corrupción, sobornos, drogas y prostitutas
El nombre, ‘Mediador’, se adopta del papel que desempeñaba en todo este entramado de corrupción, sobornos, drogas y prostitutas el empresario Marco Antonio Navarro, que hacía de nexo – de mediador -- entre varios cargos públicos y otros empresarios, principalmente del ámbito ganadero. El mecanismo era muy sencillo: los empresarios pagaban mordidas y altas comisiones a los cargos públicos para conseguir privilegios en contratos públicos, ayudas europeas o evitar sanciones e inspecciones.
La trama se fue complicando hasta el punto de que los funcionarios empezaron a extorsionar a los empresarios, incluso en una ocasión se amenazó con enviar al SEPRONA de la Guardia Civil a una granja si el ganadero no pagaba la comisión establecida.
Comisiones a cambio de privilegios
Pero el embrollo no termina aquí: en medio de la trama, en la que ya hay 12 investigados de distintos puntos geográficos de España, también hay supuestas fiestas y prostitutas pagadas por los empresarios en las que unos y otros cerraban sus acuerdos corruptos. De todo ello, hay pruebas gráficas, mensajes y vídeos que han sido recuperados de los teléfonos móviles de los implicados.
A todos ellos se les imputan cargos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal. El líder del clan: el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que dejó el cargo cuando estalló el caso. Anteriormente, fue director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, puesto que fue ocupado más tarde por su sobrino.
Presuntamente, como apuntan fuentes próximas a la investigación, Fuentes Curbelo encabezaba el ‘caso Mediador’ y recibía las “comisiones” por parte de empresarios a cambio de subvenciones o contratos públicos, para agilizar licencias o frenar inspecciones. Estas comisiones eran depositadas en las cuentas de la Asociación Deportiva Vega de Tetir, presidida por este exdiputado socialista.
Las otras caras clave del entramado: el general y el sobrino
Otras caras de este entramado – que roza la corrupción ejercida por una mafia – son la del sobrino de Fuentes Curbelo, exdirector de la Ganadería de Canarias, Taishet Fuentes. Según se desprende de la investigación, ya no ocupaba el cargo por problemas con el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, antes de que estallase el caso, y ahora iba a presentarse a la alcaldía del municipio canario de Antigua. Su supuesta función en el ‘caso Mediador’ era la de “manipular expedientes” e influenciar (extorsionar) a los empresarios, especialmente los ganaderos.
Otra de las figuras destacadas es la del general retirado de la Guardia Civil, Francisco Javier Espinosa. Se trata del único de los imputados que se encuentra en prisión preventiva y, según la información aportada por EFE, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil lo señala como perceptor de sobornos de empresarios.
En sus declaraciones en sede judicial, el ‘Mediador’ señaló que Espinosa “provocaba la situación propicia para extorsionar a varios ganaderos”, llegando incluso a conseguir que “se enviase al Seprona a varias ganaderías a inspeccionarlas y, por ello, se veían obligados los ganaderos canarios a pagar las comisiones impuestas”.
El origen: los cargos a las prostitutas
Sin embargo, el caso se destapó a raíz de la denuncia que presentó otro de los implicados, el exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña, y que nada tiene que ver, a priori, con el caso. Según han informado fuentes conocedoras de la investigación a ELTAQUIGRAFO.COM, Pérez Peña pagaba con su tarjeta de crédito los servicios de las prostitutos, cargos que quedaron evidenciados en su extracto bancario.
Su mujer, ante tal gasto – una cifra que ascendía a los 2.750 euros – pidió explicaciones a su marido. Éste, que no pudo confesarle el origen de esos cargos, aseguró que no los había hecho él, que tendría que ser un error o una estafa. La mujer le recomendó entonces que lo denunciara y así lo hizo. A raíz de esta denuncia, el mediador tuvo que declarar ante la Policía y confesó que los pagos eran de Pérez Peña, pero que solo buscaba disimular ante su mujer. La denuncia se cerró, pero el escándalo estaba servido: el acceso al teléfono de Marco Antonio Navarro, el mediador, destapó todo el escándalo.
La clave: las cenas en el Ramsés
Con todo, el alcance político del escándalo está aún pendiente de determinar, puesto que fuentes de la investigación apuntan que la información que se conoce todavía es muy preliminar. Además, queda por conocer qué otros diputados socialistas se relacionaron con la trama.
La clave de todo ello, apuntan fuentes a El Mundo, estaría en dos cenas que se organizaron en el restaurante Ramsés de Madrid a la que habrían asistido varios diputados. En las conversaciones interceptadas, el mediador clave, Marcos Antonio Navarro, alardea de que puede manipular a varios senadores socialistas, a los que se refiere como “mis senadores” y que está asesorando a dos ministerios que recurren a él cuando hay que algo “delicado”.
