Si bien los peores días de la pandemia del coronavirus obligaron a la Secretaría de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Catalunya a imponer medidas drásticas que, a menudo, recortaban los derechos de los reclusos; desde el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH), equipo de investigación adscrito a la Universidad de Barcelona (UB), celebran cómo Catalunya, a diferencia de la administración central, planificó y detalló muy concretamente qué plan de desescalada se tenia que seguir en las cárceles catalanas, en función de la fase en la que cada uno de los centros se encontraba, según su localización geográfica.
«La información ha sido muy clara y detallada y fue publicada a principios de mayo —afirma Alejandro Forero, doctor en Derecho y Ciencias Políticas e investigador del OSPDH— por lo que, tanto los presos como las organizaciones que velamos por sus derechos teníamos muy claro qué se podía y qué no se podía hacer, en qué prisiones y por qué». Y, para dejar constancia de todo ello, de todas las medidas que se están tomando en relación a la gestión de las prisiones catalanas durante esta pandemia mundial, el Observatorio está realizando una serie de informes dinámicos de monitoreo con la intención de radiografiar la situación de las prisiones en cada una de las etapas de esta pandemia y, de este modo, llevar un control analítico de las medidas adoptadas por las administraciones.
Medidas buenas, pero a mejorar
Forero, sin embargo, reconoce que «a pesar de que la gestión ha sido correcta y no se han tenido que lamentar muertes en las prisiones catalanas, hay medidas con un buen planteamiento, pero que no han terminado de ser desarrolladas correctamente». En primer lugar, asegura, las videollamadas.
El Observatorio fue la primera organización que planteó a la Generalitat la posibilidad de emprender esta medida (disposición que, por cierto, prolongarán en el tiempo dada su efectividad). Sin embargo, «la Generalitat no compró ni destinó suficientes teléfonos móviles para todas las prisiones catalanas y, mucho menos, para toda la demanda existente en las prisiones. Eso provocó que hacer una videollamada se convirtiera en un premio y no en un derecho, siendo los presos en aislamiento o en primer grado quienes lo han tenido más difícil para contactar con sus familiares en unos momentos de máxima incertidumbre» y añade «conozco a personas que no han realizado ni una».
Por otro lado —siguiendo con las videollamadas—, aunque la medida ha sido un éxito y se prolongará en el tiempo, «solo podrán disfrutar de ella aquellos presos que no reciban visitas», explica Forero, quien, al mismo tiempo, se pregunta: «¿por qué no puede ejecutarse como una medida más, sin restricciones?».
En segundo lugar, explica el experto en derecho penal a eltaquigrafo.com,están los presos en tercer grado o semilibertad. El OSPDH también fue de los primeros que, tras ver lo que estaba sucediendo en Italia las semanas antes de que el coronavirus llegase oficialmente y de lleno a España, alertó a la administración catalana sobre la necesidad de imponer medidas que, necesariamente, pasasen por liberar a las cárceles de personas y, de este modo, reducir el riesgo de contagio.
La Generalitat hizo un buen trabajo, reconoce Forero, y hasta un 90% de los presos que ya gozaban del tercer grado pudieron pasar a un régimen más abierto y seguir su condena en casa o mediante pulsera electrónica, pero ahora la Generalitat estudiará en qué casos se mantiene un régimen más abierto y en qué otros se vuelve al tercer grado. Y, Forero se vuelve a preguntar «¿si es una medida que ha funcionado y los presos han respondido correctamente, por qué les obligan a volver y a cargar de nuevo a las prisiones de más gente?». Desde el OSPDH consideran que la Secretaría de Instituciones Penitenciarias no tiene una línea claramente definida.
Desde el Observatorio se cree que liberar de forma permanente las prisiones ayudaría, no solo a mantener las distancias de seguridad reclamadas en la actualidad, sino que, a la vez, permitiría a los funcionarios trabajar de forma más cercana y eficiente con los internos que quedasen en las prisiones. Y, a la vez, «las Juntas de Tratamiento —añade Forero— tendrían menos volumen de revisión y se podrían presentar informes más actualizados y sin tantas demoras».
Monitoreo hasta junio de 2021
Con este monitoreo (que se alargará, previsiblemente, hasta junio de 2021), los investigadores, expertos en derecho penal y penitenciario, pretenden recoger la información suficiente como para realizar un protocolo de actuación de aquellas medidas que han funcionado y aquellas otras que no, para presentarlo a las Administraciones en futuras emergencias similares.
Desde el Observatorio, insisten en la importancia de tener presente que los internos han padecido un doble confinamiento, «totalmente desinformados de lo que sucedía en el exterior». Forero reflexiona sobre la falta de información que viven los presos en un mundo tan altamente comunicado, globalizado y conectado. «En las prisiones, no se tiene acceso a ningún tipo de información del exterior, y conocemos a presos que temían no porque el coronavirus podía acceder a las prisiones, sino por cómo estarían sus familiares en el exterior, con los que apenas se podían comunicar». Finalmente, el doctor en derecho y ciencias políticas espera que los monitoreos realizados por organizaciones como la suya ayuden a tomar decisiones más acertadas, con más previsión y sin recortar tantos derechos.
«Hemos tenido mucha suerte», sentencia. «A pesar de los primeros días de más revuelo, como pasó en Wad-Ras, en España no se ha dado la situación de generarse grandes motines ni revueltas al verse limitados los derechos de los internos que, sobre todo las primeras semanas, no entendían por qué durante un tiempo indefinido no podrían ver a sus familiares, a amigos de otros módulos ni podrían compartir espacios ni hacer actividades al aire libre”.
Durante los días más duros…
Iñaki Rivera, profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona y director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de dicha universidad, transmitió a este medio, durante los días más duros de esta cuarentena, su preocupación acerca de cómo se estaba gestionando la situación en las prisiones. «La situación actual en las cárceles españolas es de extrema preocupación en cuanto a que no se tiene una información, ni mucho menos detallada, de lo que está sucediendo en el interior de las prisiones», lamentaba en su momento Rivera.
«La cárcel siempre necesita de las visitas personales y de la cercanía para conocer lo que está pasando y poder hablar en primera persona con las personas presas, y como ni una cosa ni la otra está siendo posible en estos momentos, todo ello va en detrimento de la necesaria información que, fundamentalmente, las familias necesitan respecto a la situación de sus seres queridos privados de libertad», sentenciaba Riviera en la misma línea que su compañero de investigación, Alejandro Forero.
