Tras un 2019 para el olvido en cuanto a inseguridad y criminalidad en las calles de la Ciutat Vella de Barcelona y un ritmo policial frenético pero insuficiente, la pandemia por COVID-19 puso freno a una ciudad desbocada. Según las estadísticas oficiales de aquel año, en Barcelona se cometían 20 delitos cada hora. Aunque en su mayoría se correspondían a hurtos y tirones a turistas desprevenidos, la Ciudad Condal copó portadas y abrió informativos nacionales por los 17 homicidios que registraron ese año, algunos a plena luz del día, y que excedían con creces los cometidos en 2018, que fueron un total de 10. En una ciudad fuera de control, y ante las protestas de comerciantes y vecinos, se desplegaron 320 agentes de los Mossos d’Esquadra adicionales a finales de verano para contener el hervidero de delincuencia en el que se había convertido la Ciutat Vella de Barcelona. Con unas cifras de robos con violencia desorbitadas, que sufrieron un repunte de un 35%, el porcentaje total de delincuencia se incrementó en un 9% con respecto a 2018.
Sin embargo, a principios de 2020 la calamitosa situación sufrió un vuelco inesperado. Y aunque no se podría considerar una buena noticia, el evento fortuito tuvo consecuencias positivas, al menos, para la seguridad. Los hurtos y tirones a turistas despistados se esfumaron en los vagones de metros desiertos y anclados en las oscuras estaciones. Las zonas turísticas con mayores índices delincuenciales se tornaron desiertas. La bajada de las persianas de los locales de ocio nocturno puso fin a las agresiones sexuales. El confinamiento más duro segó de cuajo el ajetreado tráfico de los narcopisos y redujo el número de homicidios. Todos los barceloneses, delincuentes incluidos, fueron obligados a permanecer en sus casas. Y, aunque algunos de ellos encontraron las maneras y el ingenio para continuar delinquiendo, la realidad es que los índices delincuenciales se desplomaron en Barcelona un 41% con respecto al año anterior, el annus horribilis. En España, la caída de estas cifras se mantuvo en un 24,8%.
Este descenso está ligado con las circunstancias derivadas de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, el 14 de marzo de 2020, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, y que estuvo vigente hasta el día 21 de junio. Entre otras restricciones la limitación, casi absoluta, de la movilidad de la población, que tuvo que cumplir una estricta cuarentena hasta que el riesgo de contagio disminuyó, fue clave para la reducción de la comisión de delitos.
Equilibrio entre seguridad ciudadana y sanitaria
Afortunadamente se espera que en los próximos meses esta situación excepcional regrese a la normalidad. Pero, durante este impasse, las circunstancias requieren de un esfuerzo extra por parte de las autoridades para lograr un equilibrio entre seguridad ciudadana y sanitaria. Por eso, la Guardia Urbana de Barcelona se ha visto obligada a reajustar y reorientar su servicio a la ciudadanía para mantener el civismo y la seguridad en la ciudad, el pilar de una buena convivencia, a la vez que garantizar las medidas sanitarias de obligado cumplimiento.
Los nuevos horarios de establecimientos comerciales y de la hostelería, la clausura de los lugares de ocio y la imposición de un toque de queda, han concentrado la actividad de la población en la vía pública en franjas horarias muy concretas. La imposibilidad para respetar estas medidas higienico-sanitarias ha llevado a la GUB a crear un nuevo grupo de espacios públicos para el distrito de la Ciutat Vella formado por 16 agentes que se dedican de manera específica y permanente a garantizar la seguridad de la población en los espacios públicos.
Su cometido es el de mantener la convivencia y hacer respetar las normas de utilización de la mascarilla y la prohibición de consumir bebidas y comida en la calle. A la vez, y de manera transversal, este grupo de reciente creación ofrece una atención especial al colectivo vulnerable de personas sin hogar, que no siempre puede cumplir con estas medidas.
Desde la creación de este grupo en noviembre, que trabaja codo con codo con los Mossos en aquellos lugares de mayor conflictividad, se han realizado 302 actas por consumo de estupefacientes en la vía pública, 2.157 denuncias por incumplimiento de las mesuras de contención de COVID-19, 1709 denuncias de las ordenanzas municipales, 181 intervenciones penales contra el patrimonio y la salud pública y 48 detenidos por ilícitos penales.
