El Juzgado de Instrucción 2 de Vilafranca del Penedès (Barcelona) investiga desde el año 2013 un caso de presunta estafa por la compraventa de unos bonos de la empresa brasileña PETROBRAS, que llevarían cerca de 30 años caducados.
Los hechos se remontan al año 2008, cuando uno de los querellados, Santiago S. le propuso a la víctima – ambos conocidos por haber participado antes en otros negocios juntos – la adquisición de los citados bonos, a través de una empresa que dirigían Santiago S. y su socio, el actual director general del Parc Tecnològic del Vallès, Antoni L. El objetivo era comprar los bonos a mitad de precio, gracias a unos contactos de los querellados en Brasil, y revenderlos a un precio muchísimo mayor.
La condiciones de la operación
La operación se tenía que realizar en un corto espacio de tiempo, “atendiendo a que el número de dichos bonos en el mercado era limitado”. De este modo, y tras pedir la víctima las pruebas que certificaran la autenticidad de los bonos de PETROBRAS, gestión tramitada por el Instituto Francisco de Paula, los querellados establecieron las condiciones de compra: en primer lugar, recibir el dinero en efectivo; comprar los bonos por tramos, a través de su sociedad mercantil; venderlos y devolver la diferencia entre el precio de compra y de venta: y, nunca revelar sus contactos en Brasil.
Desembolsó más de un millón y medio de euros
De este modo, el querellante obtuvo, paralelamente, a través de su mercantil el importe acordado: 1.545.983 euros “para invertir en dicho negocio”. Sin embargo, a día de hoy sigue sin haber recuperado cantidad alguna “y sin haber recibido, tan siquiera, los bonos adquiridos”. Y no solamente eso, sino que, como consta en la causa, los bonos de PETROBRAS ya estaban prescritos en el momento de su presunta adquisición. Concretamente desde 1999. Condiciones que aparecían en el reverso de los bonos y que el Instituto Francisco de Paula no pudo contrastar al recibir por parte de los querellados tan solo una cara.
Los querellados idearon esta maniobra
Según obra en la causa, los querellados eran plenamente conscientes de esta maniobra. Además, los movimientos de sus cuentas corrientes durante el año 2008 se constatan operaciones compatibles con el ingreso paulatino del dinero que la víctima de esta presunta estafa les fue entregando, en efectivo, para la compra de los bonos, tal y como habían acordado. A fecha de hoy, 14 años después, el querellados “guardan su tesoro en una caja fuerte, insistiendo en que el problema es que no se venden” – algo lógico si están caducados y su valor es 0,00€ - y los querellantes están arruinados con una deuda que supera el millón y medio de euros.
Es por todo ello que se pide la apertura inmediata de juicio oral.
