El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el proyecto de Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, para su remisión al Congreso y que inicie su tramitación parlamentaria. La norma aumentará el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores y plantea crear una nueva figura en los colegios, la del 'coordinador de bienestar y protección'.
Dicha ley pretende establecer un nuevo paradigma de prevención y protección común en todo el territorio del Estado «frente a la vulneración de derechos que significa la violencia sobre la infancia y la adolescencia». Concretamente, se busca realizar «una aproximación integral con la que dar respuesta a un problema que tiene una naturaleza multidimensional» y priorizar la prevención «como vía para evitar la violencia contra las personas menores de edad».
Se alarga la prescripción de los abusos
La también llamada 'ley Rhodes',en homenaje al activista y pianista, James Rhodes, que sufrió abusos sexuales durante su infancia, aumentará, por lo tanto, el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores, de forma que éste empezará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 30 años y no 18, como ocurre actualmente.
Sin embargo, a pesar del aumento que prevé el anteproyecto, asociaciones de víctimas de abusos lo consideran insuficiente y han reclamado que el plazo empiece a contar cuando la víctima cumpla 50 años o incluso que el delito no prescriba.
Obligación de denunciar
La nueva ley establece el deber para todos los ciudadanos de denunciar «de forma inmediata» la existencia de indicios de violencia ejercida sobre menores.
Esto tendrá especial énfasis en el caso de los colectivos profesionales que tienen encomendada la protección, cuidado y educación de niños, niñas y adolescentes. De hecho, todos los colegios tendrán que contar con una nueva figura, la del ‘coordinador de bienestar y protección’, tal y como avanzó el pasado jueves el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.
Además, en estos casos, la ley elimina una excepción habitual de la legislación: el cónyuge y los familiares cercanos del agresor sí tendrán la obligación de denunciar cuando se trate de un delito grave contra una persona menor de edad.
Unidades policiales especiales
Esta ley también impulsará unidades específicas en las fuerzas de seguridad y se dará formación a jueces, se realizarán nuevos protocolos de prevención de obligado cumplimiento y se creará un Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia.
Con esta ley, se garantizará a los niños y adolescentes víctimas de violencia los derechos a la información, el asesoramiento y el apoyo, a una atención integral, incluida la atención terapéutica, y a personarse en los procedimientos judiciales que se sigan.
Nuevos delitos en Internet
La norma crea además nuevos delitos para castigar a quienes usen las nuevas tecnologías para incitar al suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios de los menores, así como actos de naturaleza sexual. Además, prevé que las autoridades judiciales retiren estos contenidos de internet para evitar la persistencia delictiva.
Asimismo, el anteproyecto endurece las condiciones para el acceso al tercer grado, la libertad condicional o los permisos penitenciarios para personas condenadas por abusos sexuales a niños.
A la vanguardia internacional
El vicepresidente aseguró que el proyecto «responde a una amplia demanda social» y, con él, España se sitúa «al nivel de los estándares internacionales más altos» para atajar un problema del que no hay «datos globales y sistemáticos» pero que, según la última estadística disponible, 38.000 menores fueron víctimas de algún acto ilícito en el 2018, por tanto, más de 100 al día. Iglesias pidió «perdón en nombre de los poderes públicos» a las víctimas que no se ha podido atender porque se ha llegado tarde y les trasladó «el compromiso» del Gobierno de poner los medios para que no ocurra lo mismo con otros niños.
