El caso, que sacó a la luz en exclusiva El Taquígrafo, muestra tal y como dicen Valeria Martínez y Carlos López (nombres ficticios) “que tanto el Juzgado de instrucción nº 3, dirigido por el juez Francisco de Asís Villa Sanchís, como la Audiencia Provincial establecen que IVI Valencia actuó bien, que no hay el indicio de que me hayan practicado una reproducción asistida sin mi consentimiento y que tampoco existe el menor rastro de que incumpla ninguna de sus obligaciones médico- legales”, explica la madre.
La resolución, tal y como recalcan los denunciantes, “le viene de perlas a la multinacional para blanquear su imagen”.
Siete años de calvario y engaño
Tal y como explica Valeria Martínez “de acuerdo a los razonamientos de la Audiencia parece que no debe protegerse la libre voluntad de la mujer expresada en el consentimiento informado que se firma”. No queda claro que acepten que el ejercicio pacífico de la propia voluntad de la mujer en lo que atañe a su propio cuerpo y su descendencia debe ser respetado sin más condicionantes. A la Audiencia le da igual que IVI me haya engañado durante siete años”, añade la denunciante.
Dicha interpretación, según esgrime la madre, significa que los tribunales “consideran que solo se practica reproducción asistida en una mujer sin su consentimiento si se la obliga con violencia o está incapacitada.
Para la pareja esta decisión judicial puede tener efectos y consecuencias muy reales: “Como firmé libremente mi Consentimiento Informado y estando en plenitud de mis facultades mentales, nadie ha cometido el delito. En España nunca se le ha aplicado el artº 161 CP a ningún profesional (ginecólogos y embriólogos) pero no porque los engaños no existan sino porque a los pacientes les resulta difícil probarlos. No es nuestro caso, que sí tenemos pruebas”.
A la merced del negocio de la explotación reproductiva
Lo que Valeria Martínez y Carlos López recurrirán la decisión judicial de archivar la denuncia presentada contra IVI ante el Tribunal Constitucional por delitos graves y de estafa agravada.
La presenta estafa la explica Valeria de esta manera:
“El uso de óvulos congelados tiene menor precio que la reserva de todos los óvulos frescos de una donante. Y si han usado embriones sobrantes de otra pareja, la diferencia de precio es de unos 8.000 euros. A IVI Valencia y a otras clínicas IVI llegan miles de inglesas, francesas, alemanas e italianas a las que pueden haber engañado exactamente igual que a mí y a otras pacientes españolas. Pacientes que llegan a España habiendo firmado un Consentimiento Informado para una donación de óvulos frescos pero que les hayan podido hacer lo que, a mí, dar el cambiazo por óvulos congelados o embriones congelados sobrantes de otra pareja. La Justicia debe llegar al final e investigar lo sucedido.”
Una red de clínicas sin escrúpulos
Los afectados denuncian que a partir de este Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, se podría dar lugar a interpretaciones jurídicas que ampararan la idea de que la clínica IVI podrá donarle óvulos congelados en vez de frescos, usar semen fresco de donante sin necesidad de realizarle pruebas médicas ni cuarentena de 180 días a las muestras y proceder a otras prácticas no autorizadas expresamente por la paciente.
La pareja afectada, que en su día cuando denunciaron lo ocurrido por este medio recibieron decenas de testimonios en el mail [email protected], añade que resulta intolerable que los tres Magistrados no hagan el menor reproche a IVI por usar semen fresco de un donante. Según la apareja afectada, estarnos ante “una mala praxis prohibida terminantemente por la ley”, que sólo está permitido si es para uso directo de la propia pareja. Si no se realiza ninguna prueba médica ni al donante ni a su muestra, por entregarla directamente en el laboratorio, como es este caso, incrementa el posible riesgo de malformaciones
“Aquí lo único que importa es el negocio de las clínicas”, finalizan.
