El juez, Joaquín Aguirre, conocido en Barcelona por sus decisiones, a menudo imprevistas y desconcertantes, para sorpresa de la UDEF, les retiró la "operación Estela" y se la entregó a la Guardia Civil, en concreto, a la Unidad Orgánica de Policía Judicial, la misma reputada Unidad que, hace unos años, el propio Aguirre investigó por supuesta corrupción.
Todos los guardias civiles imputados entonces por este juez fueron absueltos. Algunos, con honores, promocionados y condecorados. Pero a pesar de la falta absoluta de pruebas contra los agentes y oficiales encartados, el juez llegó a hablar en sus círculos más próximos, empecinado, de "montaje policial" contra su investigación, la llamada "Operación Macedonia".
Aguirre, sin embargo, transcurrido el tiempo y los acontecimientos, parece haberse reconciliado con su pasado y es, efectivamente, la Guardia Civil la que está estudiando la documentación encontrada por la UDEF. Se trata de los mismos agentes que han investigado el ‘procés’ a las órdenes del malogrado juez, Ramírez, de la juez, Lamela, y de Llarena. Aguirre ahora ya es uno más. El juez —conocido entre sus colegas por su afán de protagonismo y la grandilocuencia de sus acciones—, ha ordenado recientemente nuevas detenciones. Entre ellas la de uno de los hombres de absoluta confianza del Oriol Pujol Ferrulosa, Víctor Terradellas. Muchas detenciones —incluida esta última— pero ni una sola prisión provisional. La "operación Estela" parece reportar muchos documentos sensibles, curiosos o llamativos, pero aparentemente no demasiada munición acusatoria de la que se encuentra y nutre el Código Penal.
