Faltaban pocos minutos para que el campanario de Cornellà de Llobregat (Barcelona) tocara las 9.00 horas de la mañana cuando cuatro furgonetas de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional han irrumpido en la plaza en la que se encuentran, cara a cara, la iglesia y el ayuntamiento de dicha localidad. Paralelamente, media docena de agentes de paisano han aparecido en la misma ubicación y se han vestido con los chalecos reglamentarios. Era la representación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encargada de dirigir, por orden del Juzgado de Instrucción 4 de Cornellá, el dispositivo que, sin darnos cuento, acababa de explotar.
"Ya era hora" exclamaban los vecinos
De la plaza de la Iglesia, donde se han encontrado los agentes de ambas unidades, nace la calle Mossén Joaquim Verdaguer. A 100 metros del consistorio, escondida en los bajos de un bloque de pisos, se encuentra la concejalía de deportes. Ahí ha empezado todo. Los agentes de la UDEF, acompañados por la comitiva judicial, se han desplazado hasta el número 16-18 de dicha calle y han entrado con varias cajas vacías. El objetivo estaba claro: llenarlas con documentación que permita acreditar o desmentir los indicios que manejan los investigadores acerca de la presunta trama corruptiva que afectaría de pleno tanto al consistorio de Cornellà, como al Consell Comarcal de l'Esport de la comarca del Baix Llobregat, cuya sede (ubicada en Sant Feliu de Llobregat) también ha sido registrado durante la mañana de este lunes.
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica han entrado en la concejalía y la UIP se ha quedado controlando el perímetro, que, poco a poco, se ha ido llenando de periodistas y vecinos curiosos que iban exclamando "que ya era hora" que detuviesen a los corruptos del ayuntamiento. Y es que, al parecer, que la concejalía de deportes ha manejado presuntas contrataciones ficticias es una hipótesis que no sólo defienden los investigadores.
Once detenidos confirmados
La mañana ha transcurrido sin incidencias y pasadas las 14.00 horas los agentes han abandonado el lugar con cinco detenidos. Según fuentes policiales y del consistorio, todos ellos eran técnicos de la concejala de deportes, pero su responsable no ha sido detenido. Por la tarde, los mismos agentes han arrestado a otros tres funcionarios técnicos. Hasta el momento no ha habido cargos electos entre los detenidos, hasta que ha trascendido el arresto de teniente de alcalde de economía, Sergio Fernández Mesa (PSC).
Por otro lado, en relación con el registro en el Consell Comarcal, Salvador Valls (PSC), presiente de dicha entidad y exconcejal de deportes del Ayuntamiento de Cornellà también ha quedado detenido. Según manejan los investigadores, Valls podría haber diseñado contratos fraudulentos para cobrar mordidas procedentes de las arcas públicas.
En este sentido, el Juzgado de Instrucción 4 de Cornellà investiga a los once de detenidos confirmados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública. Por ahora, sin embargo, la causa está bajo secreto de sumario.
Hospitalet arrastra a Cornellà
Con todo, esta investigación nace de la causa del Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat que investiga, entre otros a la alcaldesa del municipio, Nuria Marín. Fruto de dicha instrucción, el juzgado del Hospitalet abrió una pieza separada y se inhibió en favor del de Cornellà. Desde el Ayuntamiento afectado han explicado que en 2020 se les requirió información desde el Juzgado y la entregaron. Desde entonces, no tan tenido más noticias hasta este lunes, según han declarado ante los medios.
Cabe recordar que, desde los registros de 2020, el juez instructor persigue esclarecer el posible desvío de subvenciones públicas a fines personales mediante documentación mendaz, tras detectarse una diferencia de casi medio millón de euros entre los presupuestos que se presentaban en asamblea y lo que finalmente ejecutaban. Esta investigación habría hecho saltar la alarma de
los investigadores al ver posibles conexiones fraudulentas con el consistorio de Cornellà.
