El tráfico ilegal de cachorros, una realidad invisible

La venta de animales a menor precio y sin garantías sanitarias es una constante en estas mafias
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Las organizaciones en defensa de los derechos animales lamentan la falta de persecución de las administraciones públicas contra las mafias que comercializan con perros y gatos, a la vez que denuncian la proliferación de las conocidas fábricas de cachorros en España

Menos mediático que el tráfico de drogas o armas, pero, según fuentes policiales y de asociaciones de defensa de los animales, igual de lucrativo. Hablamos del tráfico ilegal de especies y, en concreto, de animales de compañía. Perros y gatos, sobre todo. “Un mercado sangriento y muy rentable, cuyo riesgo ‘compensa’ a los traficantes al estar menos perseguido y penado que el narcotráfico o la venta ilegal de armamento” aseguraba Anna Estarán de la Fundación FAADA (para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales).

Según han confirmado a este medio fuentes del SEPRONA (Unidad de Medio Ambiente de la Guardia Civil), de la fundación FAADA y del sector judicial, es de sobra conocido, pues se lleva denunciando desde hace años en España, que las mafias del Este traen animales en malas condiciones, sin vacunar y falsificando su documentación, cuando todavía no tienen los meses suficientes para su transporte legal.

Los crían de forma masiva y en condiciones pésimas en las llamadas “puppy mills” (granjas o fábricas de cachorros) y una vez llegan al hogar que los ha comprado (desconociendo, la mayoría de las veces, que han participado en el tráfico ilegal de estos cachorros) mueren deshidratados y/o enfermos. “Pero les da igual. Si el comprador se queja les dan otro cachorro totalmente gratis. Así de rentable es el negocio”, se lamentaban Eva Fornieles y Ana Estarán del Departamento de Animales Domésticos de FAADA.

Proliferan las ‘puppy mills’ en España

La asociación proteccionista estima que el 42% del comercio de perros y el 22% del de gatos es ilegal. Este comercio ilegal “es fruto de una demanda creciente de cachorros de unas razas concretas, a precios bajos” han matizado. Y es precisamente esta demanda la que ha conllevado que estas granjas-criadero ilegales proliferen también en nuestro país, según han podido constatar fuentes del SEPRONA, coincidiendo con un reciente informe del Consejo General de la Abogacía Española.

FAADA, por su lado, en muchas de sus campañas de denuncia contra estas fábricas de cachorros, emitió un comunicado hace un par de años, cuyo contenido sigue secundando, en el que se explicaba y denunciaba públicamente el cruel funcionamiento de estas “puppy mills”: “las madres son mantenidas de por vida en jaulas pequeñas, de naves industriales donde casi no hay luz, en condiciones higiénico-sanitarias muy deficientes y apenas sin atención veterinaria. Son forzadas de forma continua en cuanto tienen el celo, encadenando un parto con otro. Los cachorros son separados de sus madres prematuramente, y con pocos meses, son transportados hacinados en camiones por toda Europa”.

Por desgracia, este negocio sangriento se ha instaurado en España y es imposible de saber cuantas granjas se dedican de forma profesional y cuantas otras de forma ilegal a la cría de cachorros.

No velan por el bienestar de los animales

Desde FAADA se denuncia, por otro lado, que “muchos criadores de este tipo no están bien informados sobre lo que conlleva la reproducción de los animales de compañía y, entre otras negligencias, no hacen pruebas para la detección de defectos genéticos y no se informan para cubrir las necesidades básicas del cuidado de estos animales”.

Además, explican que la falsificación de la documentación de viaje de los animales es una práctica bastante común. La normativa europea recoge que los cachorros deben de tener más de tres meses para ser transportados, pero, según informes de la Guardia Civil, se han detectado numerosas ilegalidades como el transporte en vehículos inadecuados o falsificaciones de pasaportes, certificados y exámenes veterinarios para hacer creer que tienen más edad.

Se aprovechan de la falta de persecución

Anna Estarán, quien, además, se encarga del asesoramiento legal de las familias y particulares que se ponen en contacto con FAADA, tras ser víctimas de una estafa con el cachorro que han comprado, lamentaba a preguntas de este medio la falta de compromiso de algunas administraciones públicas. “Falta más persecución de estas mafias y criaderos que se dedican a la explotación y al maltrato animal. El SEPRONA realiza anualmente miles de actuaciones en este sentido, pero muchas veces las administraciones no dan el respaldo a las fundaciones y organizaciones en defensa de los derechos animales para que ciertas causas terminen en los tribunales”.

Estarán, sin embargo, ha remarcado el trabajo del Ayuntamiento de Barcelona, quien ha estado de su lado persiguiendo comercios y granjas que se dedicaban a la cría ilegal de cachorros, “pero no todas las administraciones muestran el mismo compromiso”. “Hace falta que las fundaciones como FAADA hagan un trabajo de persecución constante para que las administraciones se terminen personando, como acusación popular, en causas relacionadas con el maltrato animal” lamentaba.

En este sentido, preguntada por quién debería velar por el derecho de los animales, Estarán ha respondido que las administraciones deberían ser las primeras en perseguir su maltrato y velar por sus derechos.

La asesora, además, matizaba que la compra de un cachorro enfermo puede llevarse, incluso, por la vía penal. “Puedes denunciar por lo civil una falta de cumplimiento del contrato de compraventa, pero por lo penal, aunque sigue siendo una vía muy desconocida, se puede presentar una querella por estafa, exigiendo una indemnización por daños morales y prejuicios” ha explicado.

Normativa muy desregularizada

En este mismo sentido, la Consejería General de la Abogacía Española, denunciaba en una artículo reciente que la regulación en el marco de la protección animal es “bastante pobre” y deja “demasiado abierta la interpretación y el subjetivismo en el maltrato, siendo que además no hay un reglamento que desarrolle qué es maltrato, qué es ensañamiento o qué es un medio peligroso para el animal, que nos ayude a aplicar la Ley, pues estamos en una materia completamente desfragmentada que tiene una normativa descentralizada que depende de la territorialidad para considerar qué conductas son delictivas y cuáles no, encontrándonos con situaciones tan dantescas como que en una Comunidad Autónoma sea delito la mutilación de rabo y orejas de los perros, y en la Comunidad Autónoma contigua no, o que en unas sea obligatorio el chip identificatorio que evita los abandonos y en otras no, o sin ir más lejos que en Comunidades como Catalunya o Madrid esté prohibida la venta en escaparate y en Castilla la Mancha y Aragón no”, lamentaban.

A pesar de ello, el SEPRONA sí que organiza frecuentes dispositivos en relación con el maltrato animal. Según los últimos datos publicados por la unidad, en 2017 se llevaron a cabo 11.728 actuaciones administrativas en materia de animales de compañía y 11.018 relacionadas con sanidad animal.

La mayoría de las ventas son por Internet

Anna Estarán añadía que es importante la faena de prevención. Es por ello, por lo que desde la fundación siempre se recomienda adoptar y en caso de querer una raza en particular asesorarse a través de organismos cualificados para acceder a un criador oficial. Sin embargo, la mayoría de las ventas se hacen a través de plataformas de Internet que no tienen ningún aval o garantía.

Una de las maneras de saber si un criador es de fiar, comentaba la asesora legal de FAADA, es saber si está especializado en la crianza de una raza o si, por otro lado, es multiraza. Estos últimos deberían hacer saltar la alarma pues “es muy complicado estar especializado en el cuidado de distintas razas de perro o gatos y suele ser en estos casos, cuando te dan a elegir, que mantienen a las hembras en un continuado estado de procreación” apuntaba Estarán.

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