Decenas de funcionarios de prisiones, agredidos por internos, llevan años esperando recibir las indemnizaciones marcadas por los tribunales. Como no están considerados ‘agentes de la autoridad’ la Generalitat se niega a asumir responsabilidades, obligando a los funcionarios a iniciar un periplo judicial costoso e injusto
Corría el año 2016. Un funcionario de prisiones, asignado al Departamento de Régimen Cerrado del Centro Penitenciario de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona) fue víctima de una brutal agresión directa por parte de un interno. El funcionario, cuya identidad ha preferido mantener en el anonimato, sufrió una lesión grave por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Dolencia que, a pesar de haber sido tratada, sigue acarreando con dolores puntuales.
Condenado por atentado a la autoridad
El interno, que no quería abandonar su celda para asistir a un requerimiento en los juzgados, atacó a cinco funcionarios y a dos Mossos d'Esquadra, provocando heridas graves a dos de ellos. Uno fue él. Ambos, funcionarios de prisiones, estuvieron varios meses de baja hasta que pudieron recuperarse por completo de las lesiones sufridas.
Como no podía ser de otro modo, el Departamento de Justicia se puso al frente de la acusación contra el interno, bajo la premisa de velar por los derechos de sus funcionario. Tras el juicio, un Juzgado de Barcelona condenó al acusado a un año de prisión y a una multa de 16.000€ por los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones. No obstante, dicha indemnización todavía no ha llegado.
Tras el juicio, un Juzgado de Barcelona condenó al acusado a un año de prisión y a una multa de 16.000€ por los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones.
Justicia les defiende, pero se niega a pagar
Una vez celebrado el juicio, el acusado se declaró insolvente. Instancia que la abogacía de la Generalitat acató. Sin embargo, lo que tendría que ser beneficioso para los afectados, pues es la Administración quien, en estos casos, debe hacerse caso de dicha indemnización, se tornó en una pesadilla judicial que, a día de hoy, todavía perdura. Y es que el Departamento de Justicia, a pesar de que el acusado fue condenado por ‘atentado a la autoridad’, se niega a pagar dicha multa, al considerar que los funcionarios de prisiones están exentos del “principio de indemnidad” al no estar legalmente reconocidos como agentes de la autoridad.
El Departamento de Justicia, a pesar de que el acusado fue condenado por ‘atentado a la autoridad’, se niega a pagar dicha multa, al considerar que los funcionarios de prisiones están exentos del “principio de indemnidad” al no estar legalmente reconocidos como agentes de la autoridad.
De este modo, los mismos que defienden sus intereses en el juicio, ahora son los que se niegan a pagar las compensaciones asignadas por un tribunal. Al entender que los funcionarios de prisiones no están considerados “agentes de la autoridad” justifican que, por lo tanto, no les corresponde recibir dicho resarcimiento. “Es insultante que la respuesta del Departamento de Justicia sea que los funcionarios de prisiones estamos obligados a asumir el perjuicio”.
Una situación plagada de incoherencias y un total desamparo
Según su relato, otro de los paradójicos argumentos que utilizan para justificar la negación al pago de la indemnización es asegurar que durante la agresión el funcionamiento y el protocolo de la prisión funcionó correctamente. “Obviamente que funcionó correctamente, porque quienes estuvimos al mando del protocolo fuimos los propios agredidos. Sin embargo, el recluso salió ileso y, finalmente, acudió a su requerimiento como estaba previsto”, sentencia.
Ante la insistente negativa, el funcionario en cuestión decidió denunciar por la vía contenciosa-administrativa al Departamento de Justicia. “Cuando los lesionados son agentes de los Mossos d’Esquadra, el Departamento de Interior responde; incluso, si un reo agrede a un sanitario, Salud le considera agente de la autoridad en estos casos y también respondería en un caso así. Sin embargo, a los funcionarios de prisiones, que somos los que más nos parecemos a un policía, no nos reconocen como tal”.
Batalla judicial contra el Departamento de Justicia
La paradoja cobra todavía un sentido más absurdo cuando se recuerda que los funcionarios de prisiones, que disponen de medios coercitivos, están obligados a utilizarlos para reducir a los internos en episodios de violencia. “Estamos legitimados y obligados a utilizar la fuerza física y los pocos medios de los que disponemos para reducir a un recluso que esté provocando altercados en prisión”, recuerda el funcionario. Sin embargo, no se les reconoce como agente de la autoridad.
En su periplo judicial, en primera instancia, un Juzgado de Barcelona le reconoció como tal. “Es bastante habitual que, en primera instancia, los jueces nos den la razón y como fue condenado por atentado a la autoridad, te reconocen ese derecho. Algo que es de lógica”, detalla.
Sin embargo, la Administración recurrió ante el Supremo, y es precisamente en este punto donde se encuentra la causa. El recurso fue aceptado a trámite después de varias semanas rechazado y en los próximos días se celebrará la vista para decidir si el Departamento de Justicia debe o no debe asumir la responsabilidad.
“Es bastante habitual que, en primera instancia, los jueces nos den la razón y como fue condenado por atentado a la autoridad, te reconocen ese derecho. Algo que es de lógica”
CSIF reclama de forma urgente que se les considere agentes de la autoridad
El relato de este funcionario, por desgracia, puede extrapolarse a otros compañeros. Alberto Gómez, portavoz del sindicato CSIF prisiones en Catalunya, explica que desde el sindicato llevan años reclamando que se les reconozca como agentes de la autoridad a nivel estatal. Y, aunque la propuesta de Ley Orgánica está aceptada por mayoría parlamentaria, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados lleva meses aplazando el plazo de enmiendas. Y, por lo tanto, sigue en tramitación.
De hecho, todavía no estamos a día 21 de diciembre y en la página web del Congreso ya sale que, en la próxima sesión, se decidirá aplazar de nuevo. “Voces políticas me dijeron que no se aprueba por una cuestión política, porque no somos una prioridad… el problema es que se sigue perpetuando una situación de peligro y desamparo para nuestro colectivo que cada vez está más envejecido y no tiene medios para defenderse”.
Una situación que perjudica a decenas de funcionarios
Una situación, detalla Gómez, que, a voz de pronto, ha sido cómplice para que se dupliquen en 2022 las agresiones perpetradas respecto al año anterior. Dejando funcionarios con un 20% menos de visión, con la amputación parcial de una falange o, en casos realmente extremos, con problemas cognitivos que imposibilitan hablar correctamente después de recibir un golpe en la cabeza.
“En mi caso – recuerda el funcionario protagonista de esta historia – yo he podido recuperarme casi al 100%, pero hay compañeros que nunca más podrán hacer su vida con normalidad. Por lo tanto, que menos que recibir aquello que nos corresponde por Ley, sentirnos amparados por nuestra Administración y acabar con esta situación tan humillante para mi colectivo…”.
