Ángela Rodríguez, Secretaria de Estado de Igualdad al frente de la delegación española en las sesiones de control en Naciones Unidas de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), ha afirmado que en España no se perseguirá a los puteros.
La prostitución ha sido un tema central en lo que va de legislatura, puesto a la fuerza en el centro del debate gracias a los colectivos feministas que vienen reclamado políticas abolicionistas de la prostitución desde hace años, pero sobre todo desde 2018, como respuesta a la legalización por parte del ministerio de Trabajo del sindicato de la prostitución OTRAS, con la socialista Magdalena Valerio al frente, hoy presidenta del Consejo de Estado. Este hecho es visto como uno de los intentos más claros desde el gobierno de regularizar la prostitución en España como una actividad laboral más.
Sin embargo, estas reivindicaciones abolicionistas cada vez más númerosas se han encontrado de nuevo esta semana con la oposición frontal del gobierno de Pedro Sánchez a activar ninguna medida que ponga en peligro el consumo de prostitución en España, el más elevado de Europa y el tercero del mundo, a través de la persecución de los puteros.
Sin molestar a los consumidores
El pasado 16 de mayo, dentro del ciclo de reuniones de control de la CEDAW, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, en representación del Gobierno de España y al frente de la delegación institucional, ha sido contundente y clara cuando desde Naciones Unidas se la ha requerido como representante institucional, al preguntarle sobre qué medidas iban a tomarse contra la prostitución, teniendo en cuenta el alto nivel de consumo que se produce en nuestro país.
Rodríguez ha explicado que “en España no vamos a aprobar un modelo de persecución penal de clientes de prostitución, sino un modelo de persecución penal de clientes de explotación sexual”, lo cuál quiere decir que no se piensa llevar a cabo ninguna acción de criminalización sobre todos aquellos que acceden al cuerpo de las mujeres prostituidas.
Postura institucional unánime
No se ha explicado desde los partidos que integran el gobierno desde cuándo se ha tomado esta determinación oficial ni en qué foros se ha llevado a cabo el debate para llegar a este acuerdo. Pero al no existir ningún tipo de contestación por parte de ningún miembro de gobierno, hay que entender que el abandono de la persecución de los consumidores de prostitución es la ruta a seguir para el gobierno.
Mientras, Ángela Rodríguez quiso explicar como un gran logro en la lucha contra la explotación sexual de las mujeres en España la tramitación de la Ley contra la Trata, aún en fase de Anteproyecto de Ley, pendiente de los informes consultivos. Sin embargo, para los colectivos feministas y, sobre todo, para las mujeres supervivientes de la prostitución, esta ley no responde a las demandas abolicionistas.
Es más, el intento reiterado de querer cristalizar en el imaginario colectivo la separación entre trata de personas con fines de explotación sexual y prostitución persigue, según las expertas consultados, el objetivo d establecer que existe una “prostitución buena, aceptable y voluntaria” y otra mala que es la que emana de la trata de personas. Según las feministas, el reconocimiento legal de esta división sería el paso previo a la regularización de la prostitución como un “trabajo más”.
Hay que recordar que, en el año 2006, en ministro de trabajo socialista Jesús Caldera encargó un informe oficial, sufragado por el ministerio que encabezaba, que indagaba si sería factible pagar las pensiones en 2035 a través de las cotizaciones a la seguridad social de las mujeres prostituidas si convertían la prostitución en una actividad laboral más. Por tanto, se observa que el interés en este asunto viene de lejos.
España a la cabeza de la prostitución
En el mismo contexto, la Plataforma CEB Sombra Rosa Belen Agirregomezkorta expuso que “España es uno de los principales consumidores de prostitución, según Europol. Más del 80% de las mujeres prostitutas se ven forzadas a prostituirse, según la policía, y a pesar de ello no se ha aprobado una ley integral. A las deficiencias legislativas les sigue falta de coordinación de recursos de atención y para la detección. En vez de luchar contra ello, el Estado español promueve estereotipos sexistas con fondos públicos”, según declaraciones de su portavoz recogidas por el portal geoviolenciasexual.com.
