El intendente Antoni Rodríguez, hasta hace unos días responsable de la División de Investigación Criminal (DIC), ha pedido a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que le amparen y protejan ante “las presiones recibidas por la jefatura de los Mossos d’Esquadra y por otros mandos políticos” desde que en 2019 se iniciase una investigación por prevaricación y malversación contra el entones conseller Miquel Buch.
Quien por aquellas fechas ostentaba el cargo de jefe máximo de los Mossos, Eduard Sallent, ahora restituido de la cúpula directiva de la organización, presionó explícitamente para que Rodríguez le reportara el expediente de investigación que se seguía en la DIC contra el ahora exconceller.
Mossos a las órdenes de jueces y fiscales
La DIC había incoado una investigación contra Buch por orden de la Fiscalía. Existían indicios de que Buch habría creado irregularmente una plaza como asesor del conseller para dar cobertura al sargento Lluís Escala, hombre de confianza de Carles Puigdemont, con el fin de darle una tapadera salarial y profesional. Ese puesto otorgaba patente de corso a Escala para continuar dando servicio de seguridad y escolta a quien fue el presidente de la Generalitat, reclamado, desde hace 4 años por la justicia española.
Para ello, y para no pasarse del presupuesto, Buch suprimió dos plazas de seguridad ciudadana en la comisaria de Ciutat Vella, distrito especialmente castigado por la criminalidad.
Rodríguez y su equipo, siguiendo el mandato de la Fiscalía, iniciaron la investigación y en seguida acumularon decenas de indicios que apuntaban a que, efectivamente, la creación y adjudicación de esa plaza se realizó de forma prevaricadora y se dotó, pues, malversando fondos públicos.
Presiones descaradas
Sallent, a la vista de cómo la investigación de la DIC iba cogiendo forma y contenido, reclamó a Rodríguez el expediente. El intendente se negó por imperativo legal. Era evidente y palmario que la Dirección de la Policía de la Generalitat quería poner palos en las ruedas de la investigación, a la vez que quería alertar de los detalles de la misma al conseller.
A través de alguna maniobra no identificada, el comisario Sallent se hizo con el expediente y desde el Departamento de Interior ser inició una campaña para desprestigiar dicha investigación (¡la investigación de la propia policía autonómica!) y a los mandos y agentes que la estaban llevando a cabo por orden del Ministerio Público.
Mossos contra sus mossos
Dos artículos en la prensa afín a Buch fueron el contraataque de Sallent y del departamento: se acusó irónicamente a Rodríguez de Baenizar (Daniel Baena fue el guardia civil encargado de la investigación del procés) la investigación. Sin embargo, las pruebas acumuladas por la DIC eran lapidarias y la Fiscalía, satisfecha por las indagaciones policiales, se querelló contra el ahora exconceller.
Primero la magistrada Mercedes Armas, y más tarde el magistrado Carlos Ramos procedieron a la instrucción de esta causa por prevaricación y malversación que ha quedado ya a punto para juicio.
Independiente, marcado y hundido
Ramos aceptó la petición de amparo del intendente y la resolvió a través de un auto a tal efecto. En esa resolución, inédita hasta el momento en el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, el TSJC blindaba al intendente de la DIC de tal forma que durante dicha investigación no podría ser sustituido, cambiado, cesado o verse alterada su línea de trabajo. Pero el caso ya se ha cerrado. El caso está a punto de llegar a juicio y ese blindaje, pues, ha finalizado. Sin el arrope judicial, el actual conseller de interior ha cesado de forma fulminante a Rodríguez, que se encuentra a la espera de destino.
