Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han irrumpido esta mañana en el Ayuntamiento de Sitges (Barcelona), en el marco de una investigación por un nuevo supuesto caso de corrupción. Los agentes, acompañados de efectivos de orden público, han registrado las dependencias del consistorio y han detenido a al menos nueve personas, entre ellas a la alcaldesa, Aurora Carbonell (ERC).
Aún así, en total, trece personas estarían siendo investigadas por la UDEF, acusadas de los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. Entre los implicados se encuentran: la alcaldesa de Sitges, ocho concejales del período 2017-2022 y cuatro particulares vinculados a entidades sociales por las presuntas irregularidades en la adjudicación de subvenciones y fraccionamiento de contratos en la entidad Mesa del Tercer Sector Social de Sitges-Garraf.
Subvenciones irregulares y fragmentación de contratos
En concreto, los investigadores, tutelados por el Juzgado de Instrucción 8 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), iniciaron una investigación en mayo de 2022 siguiendo el rastro de varios contratos que se habrían fragmentado durante al menos cinco años para tratar de eludir los controles, así como las concesiones de varias subvenciones que se habrían asignado con el objetivo de malversar fondos públicos. Según las primeras informaciones, los hechos investigados se llevaron a cabo entre 2017 y 2022, y estarían relacionados con la gestión de ERC y CiU en este consistorio catalán.
De este modo, se investiga la actuación del Ayuntamiento respecto a la Mesa del Tercer Sector y una cooperativa.
Operativo en marcha
Por ello, agentes de la Policía Nacional están realizando este miércoles varias entradas y registros, con el objetivo de poder intervenir documentación vinculada a las entidades que están siendo investigadas. Además del registro en el Ayuntamiento, también se están realizando entradas en espacios y anexos de la entidad investigada y en domicilios particulares.
En total, se calcula un perjuicio de más de 600.000 euros de fondos públicos entre subvenciones directas y contratos fraccionados a sociedades y organizaciones.
