Este 2020 se ha celebrado uno de los juicios más esperados de la última década. Aunque todavía no ha concluido, la Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar a los tres únicos acusados relacionados con los atentados del 17 y 18 de agosto de 2017 de Barcelona y Cambrils que se saldaron con 16 muertos y más de un centenar de heridos. El juicio, que ha arrancado con menor expectación de la esperada debido a la actual crisis sanitaria que ha eclipsado a cualquier acontecimiento, no es el primero de estas características celebrado en nuestro país.
El precedente
Entre el 15 de febrero y el 2 de julio de 2007 se celebró, también en Madrid, el juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004, el mayor ataque terrorista en la historia de España hasta el momento. En él fallecieron 191 personas, más un GEO que murió en la explosión del piso franco de Leganés días después de los atentados, y resultaron heridas de diversa consideración más de 1.800 personas. Como todos los delitos relacionados con el terrorismo, por ser considerados de extrema gravedad y relevancia social, desde su creación en 1977, fue la Audiencia Nacional el tribunal encargado de juzgar el caso. Sin embargo, el emplazamiento fue otro. Lejos de la sala de San Fernando de Henares donde se celebra el juicio de los atentados de Catalunya, en el otro extremo de la capital, el 11M se juzgó en La Casa de Campo.
Un juicio multitudinario
Aunque las imágenes de entonces recuerdan al procedimiento judicial actual, con los terroristas detrás de una mampara de cristal, la vista fue multitudinaria. Tanto dentro como fuera de la “pecera”, no cabía ni un alfiler en la abarrotada sala. En total, veintiocho acusados apretujados en el banquillo e innumerables víctimas cruzaron sus miradas durante cuatro agónicos meses mientras esperaban a que el juez pronunciase el "visto para sentencia".
Una cara conocida
Aunque el presidente del Tribunal fue Javier Gómez Bermúdez, a su lado, en las grabaciones se puede reconocer una cara familiar. A su derecha, con su toga de hierro, aparece sentado el magistrado Félix Alfonso Guevara, presidente del Tribunal que juzga hoy los atentados del 17A. Aunque el juicio finalizará, en contra de lo fijado en el calendario, en 2021, se espera que su duración sea inferior al de los atentados de Atocha. Esto no quiere decir que entrañe una menor complejidad. Si en el del 11M había 49 abogados (entre acusaciones y defensas), 309 testigos y 71 peritos, el del 17A ha reunido a 92 acusaciones particulares, 3 defensas y más de 400 agentes entre Mossos, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía que declaran en calidad de testigos y peritos. A los investigadores se suman, además, víctimas y testigos, algunos de ellos protegidos. Lo que sí separa a ambos procedimientos judiciales es la cobertura mediática. Mientras que en el de 2007 hubo más de 40 periodistas acreditados retransmitiendo el juicio en directo desde la Casa de Campo, en el actual apenas ha podido asistir prensa debido a la crisis del COVID-19.
Más acusados y penas mayores
También difieren los delitos que se les imputan a los acusados. En el juicio del 11M se condenó a 21 de los 28 acusados a penas de prisión siendo Jamal Zougam y Othman el Gnaoui los que recibieron las penas más altas. La sentencia determinó para ellos la condena de 42.922 años de prisión como autores materiales del atentado terrorista junto con los siete suicidas de Leganés. Además, el exminero asturiano José Emilio Suárez Trashorras fue condenado también a una pena de 34.715 años de prisión por autoría y cooperación al haber facilitado los explosivos a la célula terrorista a sabiendas de que serían utilizados para matar.
Los asesinos, ausentes
Sin embargo, en el juicio del 17A ninguno de los acusados es considerado por la Fiscalía como autor material de los atentados por lo que ninguno de los tres, ni Driss Oukabir, ni Mohamed Houli Chemlal ni Said Ben Iazza, serán juzgados por el delito de asesinato. La Fiscalía considera a Oukabir y Chemlal culpables de un delito de pertenencia a organización terrorista, tenencia y fabricación de explosivos y voluntad de causar grandes daños y Iazza autor de un delito de colaboración con organización terrorista. Aunque las acusaciones particulares solicitan la prisión permanente revisable así como penas que ascienden hasta los 5.000 años de cárcel, el hecho de que no se les juzgue como autores de los 16 asesinatos podría indicar que las penas serán, previsiblemente, menores que en el caso de los principales autores del 11M. Asimismo en ambos banquillos han estado ausentes los miembros que componían el núcleo duro de sendas células. En el del 17A no serán juzgados los 8 terroristas muertos (5 abatidos en Cambrils, 1 en Subirats y 2 fallecidos en la explosión de Alcanar) frente a los 7 principales autores del 11M que se inmolaron en el piso franco de Leganés.
