La Audiencia Nacional ha asumido la investigación de la que está considerada como la mayor trama descubierta jamás en España de pesca, distribución y venta ilegal de atún, que afecta a decenas de empresas ubicadas en la Comunidad Valenciana y Murcia y que implica a más de 80 personas directa o indirectamente relacionadas con lo que la Guardia Civil califica como una organización criminal.
Empezó en Valencia
A finales del año pasado el juzgado de instrucción número 3 de Picassent, en Valencia, y la Fiscalía Especial de Delitos Medioambientales de esa comunidad, ordenaron a la guardia civil una macro-operación sobre la pesca ilegal de atunes y su posterior distribución en el mercado español e internacional a través de la falsificación de facturas de compra y venta y de la documentación que, en principio, debía de acreditar el lugar y la circunstancias de captura del pescado así como las condiciones de la cadena de frío preceptivas para su conservación hasta los mercados.
Decenas de empresas y domicilios fueron registrados y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, (UCO), procedió a la detención de 80 personas, fundamentalmente empresarios de Valencia , Murcia y Cartagena del sector de la pesca y distribución de atún.
Entonces se incautaron más de 80.000 kilos de este pescado de procedencia ilícita . Sólo esas partidas aprehendidas, suponen un beneficio de más de 12 millones de euros, según al propia a estimación de la Guardia civil.
Lo coge la Audiencia
El juzgado valenciano debido a la dimensión del caso y a las múltiples interrelaciones de esta trama con otras de ámbito internacional y con algunas directamente relacionadas con redes de blanqueo de capitales se inhibió de la causa en favor de la Audiencia Nacional.
La Audiencia ha pedido a la UCO un nuevo informe ampliatorio sobre esta macro causa y en el que solicita detalles sobre el funcionamiento de este clan criminal y sobre el posible uso de paraísos fiscales por parte de los imputados para bloquear los millonarios beneficios obtenidos por la venta de un atún ilegalmente capturado y sobre el que recaen, en consecuencia, serias dudas sobre si llegó en buen estado a los mercados españoles e internacionales.
Investigación sobre blanqueo internacional
En este sentido, la Guardia Civil ha pedido permiso al juez para que pueda intercambiar información operativa sobre algunos de lo muchos flecos pendientes de investigar con la policía de Malta, país de procedencia de buena parte de ese atún rojo que se introdujo sistemáticamente y por toneladas en el mercado español por parte de unos empresarios que , según la guardia civil, tenían conocimiento, además, “de que la falta de control sanitario de este atún podría afectar a la salud de los consumidores”.
Por ello, la Fiscalía, de momento, acusa a los imputados por un delito contra la salud pública, contra la fauna, otro de falsedad en documento mercantil, de estafa continuada, de blanqueo de capitales ( la verdadera obsesión del magistrado, según fuentes próximas a la investigación consultadas por eltaquigrafio.com) y de organización criminal.
