La Asociación L’Escola AC, dirigida por la abogada especializada en Derechos Humanos, Núria González, presentó hace una semana una denuncia ante la Fiscalía General del Estado con el objetivo de que se abriesen diligencias para investigar el entramado que se esconde tras las agencias que promueven la gestación mediante vientres de alquiler y los cónsules que validan las inscripciones registrales. Ésta no era ni mucho menos la primera denuncia que la abogada interponía ante la Fiscalía, pero sí que ha sido la primera vez que ha recibido una respuesta favorable.
Según ha confirmado González a eltaquigrafo.com, y según ha podido comprobar este medio, la Fiscalía General del Estado habría remitido dicha denuncia a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, como órgano competente para su investigación. Ahora, todo parece indiciar que la Audiencia abrirá diligencias para investigar, como se solicita, a varias agencias de vientres de alquiler que podrían estar cometiendo posibles delitos contra la filiación familiar y pertenencia a una organización criminal.
En dicha denuncia, L’Escola AC también señalaba a los cónsules que, presuntamente, han validado las inscripciones en los consulados de España en el exterior, después de que una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2014 considerara que los contratos de gestación subrogada eran nulos de pleno derecho y, por lo tanto, inaplicables en el derecho español. A estos cónsules, González los presenta como autores de un presunto delito de prevaricación. Llama la atención, pues, que aun ser una práctica prohibida en nuestro país, existan estas presuntas artimañas legales entre los cónsules que permiten la inscripción de estos bebés.
Años de investigación personal
Tras años de investigación, González y su equipo han podido constatar que las agencias de vientres de alquiler, a pesar de ser una práctica prohibida por la legislación española, operan con total impunidad en nuestro país. Es más, González tuvo acceso, en primera persona, al hacerse pasar por una cliente en una de estas agencias, a toda una serie de procesos de posible falsificación y gestión irregular —subvirtiendo las reglas establecidas en la Ley 14/2016, sobre técnicas de reproducción asistida—, así como respecto a opciones de financiación de los costes de la reproducción. Para ello, la abogada ya ha presentado en varias ocasiones, ante la Fiscalía, los documentos que dicha agencia le facilitó y un audio en el que ella se hace pasar por una posible interesada, para que se abra una investigación acorde a los indicios presentados.
Es por ello que, junto con la última denuncia presentada hace escasos días, la abogada pudo adjuntar documentación suficiente para que se abra una investigación sobre varias agencias de vientres de alquiler y los cónsules españoles que avalan los registros. Dicha denuncia, fue presentada aprovechando que la recién nombrada Fiscal General del Estado, la exministra de Justicia, Dolores Delgado, se pronunció el pasado verano en contra de los vientres de alquiler, asegurando que la práctica debía ser investigada.
Cónsules en el punto de mira
González recalca la mala praxis de los Cónsules Generales de España residentes en todos aquellos países que han permitido la inscripción de menores nacidos por gestación subrogada, «contraviniendo, presuntamente y a sabiendas, la legislación española». Es por ello, por lo que en la misma denuncia también se insta a que inicien los trámites necesarios para lograr la anulación de la Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y Notariado,que permite la inscripción registral de los bebés nacidos mediante un vientre de alquiler, en los consulados de España en el extranjero, a través de un posible fraude de ley.
Así pues, desde L’Escola AC se esperaba con cierto optimismo que la voluntad expresa y pública de la exministra en contra de la explotación reproductiva de las mujeres, se tradujera en una respuesta afirmativa a las instancias que en la denuncia se le presentaban. La asociación de González queda a la espera de nuevas informaciones, ahora de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y se ofrece, una vez más, para resolver y participar en los procesos que sean necesarios para que la investigación sea efectiva y real.
