El primer aviso lo dio la Coordinadora vecinal AIRENET en abril de 2018. Ya entonces esta asociación de vecinos de Sant Adrià de Besós, Badalona y Barcelona denunció ante la Fiscalía Superior de Catalunya que la Planta de Valorización Energética de la desembocadura del rio Besós, explotada por la empresa TERSA, “estaría funcionando con prácticas irregulares”. Concretamente, apuntaban, por la producción y emisión de gases contaminantes.
De este modo, la Fiscalía aceptó la denuncia y se solicitó la colaboración del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona – unidad encargada de velar por la conservación de la naturaleza – que investigase dicha planta de residuos para averiguar si realmente ha había cometido algún delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, tal y como apuntaba la denuncia de AIRENET.
El Seprona señala a los dos máximos responsables de la planta
De este modo, el Seprona abrió diligencias por orden de la Fiscalía e inició una investigación en este sentido La causa se ha ido demorando con el tiempo, pero finalmente la Guardia Civil ha señalado en su informe al presidente de TERSA y al jefe de la explotación de la planta del Besós como máximos responsables de la emisión de “numerosas partículas y gases contaminantes”, durante los procesos de “incineración de residuos municipales y generación de energía”.
La Guardia Civil, por lo tanto, apuntaba directamente a ambos directivos, la responsabilidad directa de este presunto delito contra el medio ambiento; dando la casualidad que, además, el primero, es el concejal de Medio Ambiente de la ciudad de Barcelona, Eloi Badia (Comuns).
Se abre una investigación judicial
Ahora, el Ministerio Público remitió dicho informe junto con la preceptiva denuncia ante los Juzgados de Badalona, siendo el de Instrucción número 5 quien ha abierto una investigación judicial contra TERSA. Y, aunque la acusación inicial no incluye por ahora ninguna imputación directa contra los dos máximos responsables de la planta de residuos, no se descarta que terminen siendo el objeto de estas diligencias judiciales, y más, tras el contundente informe del Seprona.
Las conclusiones del Seprona
En ese sentido, el resultado de dicha investigación mostró que la planta de valorización energética (quema basura para producir electricidad) “dispone de tres líneas de incineración y emite por su chimenea principal numerosas partículas y gases contaminantes durante este proceso de combustión”, concluyendo que los responsables de la compañía “habrían estado realizando y/o tolerando conscientemente, una serie de prácticas contrarias a la normativa ambiental aplicable” que “podrían estar suponiendo un riesgo grave para la salud de las personas que viven en el entorno de la planta así como para el medio ambiente en general”.
Además, el Seprona recordó en su informe que los mismos responsables “no estarían realizando el control de la temperatura” sino que estarían utilizando un algoritmo no validado por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, como Administración competente para esta medición. Esto significa, según la Guardia Civil, que no se estaría garantizando que la temperatura de los gases de combustión en el proceso de quema de residuos sea superior a 850º durante 2 segundos, como exige la normativa. Esto supondría que la “emisión a la atmósfera desde la planta de Tersa de compuestos contaminantes con unas concentraciones superiores a las permitidas”.
Ya en 2018…
De hecho, ya en 2018 varios técnicos de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático realizaron una inspección protocolaria, detectando entonces “diversas irregularidades”.
Se requirió, pues, en fecha 27 de marzo de ese año, a los responsables de TERSA que “pusieran en marcha los quemadores auxiliares cuando la temperatura de la cámara de combustión bajara de los 850º, que bloquearan la alimentación siempre que no alcanzara la citada temperatura en el interior del horno y tramitaran los ficheros mensuales en formato Excel corregidos”. Ya que durante la inspección también hallaron fallos en este sistema de control interno.
Los siguientes pasos
Atendiendo a la petición del fiscal, el juez ha ordenado a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat que aporte los datos de las emisiones de TERSA desde el año 2017. Además, la Fiscalía ha pedido al Seprona de la Guardia Civil una nueva ampliación del atestado y al Instituto Nacional de Toxicología un análisis de la repercusión en la salud pública de dichas emisiones.
Paralelamente, AIRENET ha informado sobre su personación como acusación particular en la causa que instruye el Juzgado 5 de Badalona. De hecho, este miércoles 1 de junio los representantes legales de esta Coordinadora vecinal estarán atendiendo a los medios en la segunda planta de la Torre de les Aigües del Besós, en una jornada que servirá para adelantar sus principales líneas de acusación y para presentar la campaña de crowdfunding para sufragar gastos legales.
