El próximo 19 de mayo declararán ante el Juzgado de Instrucción 3 de Barcelona dos Mossos d’Esquadra en el marco de un rocambolesco caso de presunta prevaricación administrativa y falsedad documental. El denunciante es un ciudadano letono-español, Aleksejs Dircenko, que se ha querellado contra los agentes que le recogieron una denuncia presentada en 2017 por un caso de extorsión.
Los agentes tras recoger el escrito, que incorporaba documentación contra un presunto entramado criminal liderado por un extrabajador suyo, Viktor Murenko, con la que pretendía justificar las extorsiones, giraron el caso y empezaron a investigar al denunciante.
El denunciante se convierte en imputado
Entre la documentación aportada, Dircenko incorporó un documento que los supuestos extorsionadores habían falsificado: una carta de autoinculpación del denunciante, atribuyéndose gravísimos delitos de tráfico de armas. Munición que la policía catalana utilizó como base para la apertura de una ambiciosa investigación que desembocó en la detención y encarcelamiento preventivo, en noviembre de 2020, de la cúpula de una supuesta trama internacional de armas compuesta por Aleksejs Dircenko, su primo Boris Lunoff y el ex empleado, Viktor Murenko.
Todos ellos pasaron varios meses en prisión preventiva en el marco de la ‘operación yakir’, desarrollada por Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional y que condujo a efectuar varias entradas y registros en Gavà, Barcelona y Calpe (Alicante). Durante dichos registros entraron, además, en casa de la madre de Aleksejs Dircenko, una mujer de 93 años. Según la policía, en esa casa se guardaba la documentación que demostraría el blanqueo de capitales procedente del tráfico de armas. Sin embargo, según fuentes de la defensa de Aleksejs Dircenko y Boris Lunoff, lo que se guardaba ahí era documentación contable y financiera de la ya extinta ‘Lumar’, empresa de transporte marítimo gestionada por Dircenko y en la que también trabajaba su primo Boris y, años atrás, Murenko.
Ahora, los agentes que recibieron dicha denuncia, en 2017, son los que tendrán que dar explicaciones sobre el por qué del giro de denunciante a imputado.
Anticorrupción, sin embargo, no tiene dudas
Paralelamente, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional insisten en que los Mossos y la Policía han logrado desarticular una macro organización criminal que de forma sistemática ha introducido armamento de guerra y explosivos en el mercado ilegal, a través de las embarcaciones controladas por la empresa ‘Lumar’.
El juzgado ha estudiado, como parte de los indicios incriminatorios, la información relativa a la intervención de un buque de esta compañía, el Mekong Spirit, en el año 2017 en Grecia. El barco estaba cargado con material para la fabricación de explosivos, y tanto tribulación como el capitán eran trabajadores de la empresa de Dircenko. Tras tres años de imputación, sin poder salir del país y con el capitán entre rejas, la justicia griega los absolvió y fueron los acusados quienes de su bolsillo pagaron el peaje de sus empleados.
Por otro lado, la Fiscalía sostiene como parte del discurso incriminatorio que los imputados se aprovecharon del secuestro en 2008 por parte de unos piratas somalies de un buque ajeno a su flota, pero tripulado por Viktor Murenko, cargado de tanques y otro armamento para blanquear dinero. Los piratas se hicieron con el buque durante 8 meses y lo liberaron tras recibir 3 millones de dólares. Este dinero, según fuentes policiales, habría sido entregado por Dircenko a Murenko en una maniobra que según la investigación permitiría de una sola atacada enmascarar lo que en realidad era el blanqueo de esos 3 millones.
Sin embargo, los asesores jurídicos de los acusados ponen en duda esta afirmación al señalar que no existió pago alguno a Murenko como tal y que, en todo caso, de haberse producido, como mantiene la Fiscalía, se habría llevado a cabo un año antes del controvertido secuestro en aguas del cuerno africano.
Versiones contradictorias, pero sin delito precedente
Los imputados en esta macro operación por tráfico de armas piden ahora explicaciones a los Mossos por la gestión policial que vino después de la denuncia recibida en el año 2017. Los imputados, Aleksejs y Boris, han señalado en diversos informes que la policía autonómica prevaricó al darle la vuelta a la denuncia y girarla en contra de los denunciantes. La Fiscalía, sin embargo, reitera que se trata de una organización criminal "extremadamente peligrosa" y recuerda que entre las intervenciones telefónicas que obran en la causa aparece un whatsapp en el que uno de los imputados le comenta al otro "la necesidad de camuflar la existencia de un crimen".
Los acusados se defienden alegando que no puede existir delito de blanqueo porque en el sumario no aparece indicio alguno de lo que se conoce como "delito precedente".
