Carlos Fernández Fernández, responsable de las empresas valencianas Marfishval SL y Pesnort Mar SL, es, junto con su socio, Khalid Mouslim, el origen de la operación “Tarantelo”.
Dicha trama, investigada desde 2017, la instruye la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil sobre el contrabando de atún capturado ilegalmente y distribuido con documentación falsa.
Además de Fernández y Mouslim, otras 80 personas aparecen como investigadas en esta operación que, inició el juzgado valenciano de Picassent y que ahora culmina el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
Contrabando y blanqueo
La UCO primero y la Audiencia Nacional después, hablan de la existencia “de una organización criminal que dirigía un entramado de defraudaciones y de maquinaciones para alterar el precio de las cosas y fraudes alimenticios que tuvo el punto de inicio en una nave del término (valenciano) de Beniparrell que luego se extendió a seis comunidades autónomas del territorio nacional”.
En el auto, según el cual la Audiencia Nacional acepta la inhibición del llamado “caso Tarantelo”, el juez sitúa a Carlos Fernández en el origen de la trama: “junto a su persona de confianza Khalid Mouslim. Ambos formaban parte de la empresa ‘General World Frozen SL’, la cual se empleó para el blanqueo de capitales procedente de actividades delictivas”.
Según la UCO, inicialmente se constató que Mouslim “se encargaba de conseguir ejemplares capturados mediante pesca furtiva, así como la recepción y la confección de documentos falsificados o del reclutamiento de personas para operar en la trama de compra y venta ilegal de atún rojo”.
Distribución en mercados
Según explica la propia Audiencia Nacional, las empresas Marfishval SL y Pesnort Mar SL “tenían sus tentáculos en la marca Madrid, distribuyendo las especies ilegales y manipuladas por distintos establecimientos de la capital y de fuera de ella”.
Según la UCO, Carlos Fernández contaba en la organización “con Antonio Amor y Javier Amorós --ambos imputados-- para realizar las funciones de blanqueo de los ejemplares capturados inicialmente”.
Esta es la punta de iceberg. Según la Audiencia Nacional, vinculadas a estas empresas “se encuentran otras empresas distribuidas por distintos territorios de la geografía, quienes participaron en la comercialización y puesta en el mercado de ejemplares de atún rojo pescados furtivamente, cumpliendo misiones específicas en cuanto a blanqueo del dinero procedente de los beneficios a través de la emisión y recepción de facturaciones falsas, ejerciendo como correo de grandes cantidades de dinero entre los investigados, constando hasta un total de 20 empresas”.
Macro investigación
La Audiencia Nacional mantiene la imputación sobre 80 empresarios del sector y contra algunos de ellos apunta con un dardo especialmente afilado, ya que, como refleja en un reciente auto: “dentro de esta distribución, en el mercado del consumo humano, parte de los ejemplares de atún rojo se encontraban en mal estado, dándoles apariencia de frescura y calidad través del inyectado de aditivos y de realizar un fraude al consumidor poniendo en grave riesgo la salud pública”.
En un auto dictado por el juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional el pasado 28 de mayo, al que ha tenido acceso eltaquigrafo.com, la juez no accede a la petición de Carlos Fernández y Khalid Mouslim y se niega a desbloquear las diversas cuentas bancarias intervenidas por la justicia a sus empresas en el marco de la “operación Tarantelo”.
“Estas cuentas, --dice la audiencia-- se encuentran afectas a la eventual responsabilidad civil dimanante de los hechos investigados en las presentes actuaciones”.
