Se trata de la operación policial más longeva y trascendental contra las mafias del este desarrollada en España en la última década. Veintitrés personas fueron detenidas en un macrooperativo, ejecutado paralelamente en distintas ciudades del territorio nacional, contra una red presuntamente dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso.
Esta organización criminal, especializaba en ocultar los beneficios obtenidos de forma fraudulenta por grandes mafias de la antigua Unión Soviética, había creado una estructura tan potente que estaba en proceso de controlar sectores clave de la economía española e infiltrarse en Instituciones del Estado, contando para ello con abogados, funcionarios, políticos, empresarios y hackers informáticos.
Infiltrados en las tripas del Estado
Aunque no han trascendido ni el nombre, ni los cargos de los detenidos, la Policía Nacional ha podido constatar, tras más de siete años de investigación, que la organización había conseguido introducirse en diversas instituciones públicas. Así, mientras unos pasaban inadvertidos para actuar en la sombra, otros eran activos en la política y la esfera pública, manteniendo un contacto estrecho y fluido con representantes de la Administración pública de distintos perfiles a quienes trataban de captar para su red de influencias.
El alto grado de enraizamiento en las Instituciones del estado proporcionaba a la organización una amplia protección contra la investigación policial, que hubo de ser desarrollada con la máxima reserva por el peligro de filtraciones.
Siete años siguiéndoles la pista
La investigación comenzó en el año 2013 cuando los agentes detectaron que la mafia rusa había intensificado sus actividades en España, utilizándola como punto de entrada para el blanqueo de capitales de las organizaciones criminales procedentes de la extinta Unión Soviética, invirtiendo el dinero procedente de sus distintas actividades criminales en todo el mundo en negocios en nuestro país, principalmente en discotecas, restaurantes y el sector inmobiliario de la costa española. Así mismo hacían uso de las ingentes cantidades económicas que introducían en nuestro país para corromper e infiltrarse en instituciones públicas.
Concretamente, los investigadores detectaron a varios líderes criminales de origen ruso que frecuentaban de forma continua áreas de Alicante e Ibiza y quienes, a través de testaferros, mantenían una constante y sistemática actividad de inversión de capitales extranjeros en nuestro país, con operativas que revelaban una ilegalidad en su origen.
Blanqueo y delitos conexos
A estos criminales que acudían a la organización ahora desmantelada se les atribuyen delitos de asesinato, extorsión, tráfico de drogas, armas, trata de seres humanos y raids empresariales. Los beneficios de dichas actividades criminales eran invertidos en España en diversos negocios, principalmente en el ocio, la hostelería y el sector inmobiliario, a través de empresarios rusos vinculados tanto con los Ladrones en Ley como con los Sindicatos del Crimen rusos.
Además, a lo largo de la investigación, llevada a cabo de forma conjunta con EUROPOL y dirigida por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se pudo constatar como la organización investigada no solo realizaba actividades de blanqueo de capitales, sino que cometía una pluralidad de delitos conexos y que estaba profundamente enraizada en la sociedad española. Para ello utilizaba parte del dinero que introducían en nuestro país para intentar corromper funcionarios y políticos en sectores estratégicos.
En posesión de armas de guerra
Los agentes llevaron a cabo 18 entradas y registros en Alicante, Madrid, Tarragona e Ibiza, consiguiendo arrestar a 23 miembros, entre ellos a los máximos responsables de la organización.
En los registros se intervinieron seis armas de fuego cortas, dos escopetas de combate, un fusil de asalto, un rifle de francotirador con silenciador y miles de cartuchos de distintos calibres. Además, se intervinieron más de 300.000€ en efectivo, cajas de seguridad en bancos, monederos virtuales con criptomonedas, diamantes y 16 vehículos de lujo, y se procedió al bloqueo de numerosas cuentas bancarias y activos patrimoniales por valor de millones de euros.
Los agentes estiman que se trata de la investigación de mayor calado contra las mafias del este de Europa en nuestro país en los últimos 10 años, debido a la alta posición jerárquica de los objetivos investigados.
