“La investigada Marlen Minguell Ortiz, Coordinadora General de la Diputación de Lleida, en colaboración con Francesc Xavier Ballabriga Cases, administrador de la empresa Gerentia Business Model Innovation, SL, utilizó los contactos que tenía a su alcance, derivados del cargo que ocupaba en la Diputación, con el fin de influir y favorecer la otorgación de una subvención a la explotación Granja Torres Santa Maria, SCCL vinculada con su sobrina María Teresa Pons Minguell por un proyecto presentado de 5.000.000 de euros a través de la fundación Diferencia2, fundación promovida por María Teresa Pons Minguell y su marido Sebastià Farrer Riba, que es el presidente”
Trama de corrupción
Así, con esta claridad, se expresan los Mossos d'Esquadra en un informe remitido al juzgado de instrucción número 1 de Lleida que investiga a la ex cúpula de la Diputación sospechosa de haber orquestado una trama millonaria de corrupción urbanística a través de la otorgación de contratas de obra pública a cambio de prebendas.
Pinchazos telefónicos delatadores
El informe, datado el día 1 de febrero de 2018 al que ha tenido acceso eltaquígrafo.com, añade que “las diversas gestiones realizadas por Minguell con la colaboración de Ballabriga fueron enfocadas a buscar una entidad local que pudiera avalar el proyecto, al impulso para la creación de una fundación que pudiera darle cobertura y a la búsqueda de propuestas para hacer idóneo el proyecto al objeto de ser beneficiario de la subvención”.
La complejidad y el detalle de los requisitos que contemplaba la convocatoria pública para la selección de proyectos de especialización y competitividad (PECT) enmarcados en el programa FEDER “hicieron desistir a sus promotores”. La subvención no se llegó, pues, a conceder.
Subvención para lucrarse
“Esto no es óbice para destacar las numerosas gestiones que realizó Marlen Minguell Ortiz prevaliéndose de su cargo,para favorecer a la sociedad vinculada a su sobrina quien pretendía un proyecto con ánimo lucrativo y este extremo, justamente, es el que impidió su tramitación”.
Los Mossos interceptaron decenas de conversaciones telefónica de Marlen Minguell absolutamente delatadoras. En otras se hace patente el contubernio entre la Coordinadora de la Diputación y su amigo Francesc Xavier Ballabriga con quien intercambiaba información apriorística de concursos o de adjudicaciones de contratos o subvenciones, lo que situaba el empresario en una magnífica y privilegiada situación cara a poder ofertar.
Los Mossos califican la conducta de ambos como de presunto delito contra la administración Pública.
