Las ocupaciones de viviendas por parte de familias sin alternativa habitacional son uno de los problemas más importantes que tiene España en estos momentos, agravado en algunos territorios como Catalunya. Si además la vivienda ocupada es de un particular el problema se multiplica por dos, ya que dos son las familias afectadas.
Pero si además hay niños menores en la vivienda ocupada, el problema escala a un asunto de derechos humanos de la infancia. La muerte de dos niños esta pasada semana en el incendio de un local ocupado en Barcelona, dónde vivían con sus padres, pone de manifiesto la vulnerabilidad de los menores en estos procesos.
Familias vulnerables utilizadas por las mafias
Existen mafias criminales dentro del mundo de las ocupaciones ilegales especializadas en la utilización de menores a modo de escudo humanos contra los mandamientos judiciales, la mayoría de las veces, sin siquiera conocimiento de los padres y madres de estos niños. Casos como el del municipio barcelonés de Arenys de Mar, tal y como publicaba La Vanguardia, hace unos meses, son un claro ejemplo del modus operandi de estos grupos criminales.
Estos delincuentes captan a familias en situación de vulnerabilidad y les hacen creer que son dueños de los inmuebles que les ofrecen, así como que se los están alquilando de manera legal. Les cobran fianza, les cobran el alquiler e incluso se llegan a firmar contratos, con lo que la apariencia jurídica para la familia que alquila es de estar haciendo lo correcto. Sin embargo, quienes están alquilando esas viviendas son mafias criminales que han accedido a ellas de manera ilegal y que no pueden garantizar lo que se exige en el art 444 del Código Civil, la “posesión pacífica” del inmueble.
Apariencia de legalidad
Los problemas se suelen iniciar para la familia que ha accedido por este sistema a una vivienda ocupada con el corte de suministros de agua y luz. Obviamente con un contrato ilegal, los suministros siguen a nombre del propietario de la vivienda que los da de baja, entre otras razones, para no seguir afrontando el gasto que le suponen. Entonces a los ocupantes, que no tienen manera de acceder a otra vivienda dada la situación del mercado inmobiliario, la escasez de viviendas en alquiler y los requisitos casi imposibles de cumplir para la mayoría, toman conciencia de su situación inmobiliaria irregular.
No se puede vivir sin casa, igual que no se puede vivir sin agua y sin luz, por lo que las familias suelen quedarse ya como ocupantes conscientes de esas viviendas y, además, acceden al suministro de luz y agua mediante el popularmente conocido como “enganche”, que en realidad es un delito de “defraudación de fluido eléctrico” y análogos, recogido en el art. 255 y siguientes del Código Penal.
Diferencia entre propiedad particular y “gran tenedor”
Si el propietario del inmueble inicia el procedimiento de desahucio y además es un gran tenedor (que tiene 10 o más viviendas urbanas) y si hay menores en la vivienda, los servicios sociales realizarán una serie de informes para determinar la vulnerabilidad de la familia. En base a esos informes, se obligará al gran tenedor a ofrecer otra vivienda en alquiler o un alquiler social para esa familia en la misma casa que están ocupando.
Sin embargo, si la propiedad de la vivienda es de una persona particular, la familia entera acabará en la calle sin remedio. Y aquí empieza la desprotección flagrante de los menores.
En Catalunya la administración considera que unos niños en la calle tras un desahucio o habitando una infravivienda, si están con sus padres, no están en una situación de emergencia ni desamparo.
Infancia es competencia exclusiva de la Generalitat
La EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescencia) es el máximo organismo que debe velar en Catalunya por el bienestar de los menores, departamento perteneciente a la Consellería de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Este departamento es el que determina si los niños están en situación de riesgo, qué nivel de riesgo tiene o si se encuentran en situación de desamparo. Su gestión es descentralizada y se encargan los Consell Comarcales de cada territorio. Esto de por si ya es un dato curioso ya que los Consells Comarcals son los organismos públicos con menos presupuesto que existen en Catalunya.
Este ente territorial es el encargado de dar a los y las ciudadanas todo con los servicios sociales de cada comarca, en pueblos de menos de 20.000 habitantes, incluidos los servicios de vigilancia y protección de la infancia.
Meses para resolver expedientes
La falta de medios, los recortes aplicados a las políticas públicas de la Generalitat que tienen que ver con Bienestar social y la inoperante ordenación territorial de este servicio esencial, hace que la EAIA tarde de media más de seis meses en resolver y actuar en un posible caso de desamparo de menores. Entendiendo por desamparo una situación en que los menores no están siendo atendidos como debiera y es necesario que sean retirados por la administración. Casos con padres toxicómanos, casos de abuso, casos de dejadez escolar, y muchas otras situaciones que se alargan en el tiempo debido a la ineficacia de la administración.
Niñas y niños sin alojamiento ni seguimiento
Sin embargo, dentro de estas causas de desamparo no se encuentra que los menores se vean abocados a una situación de calle. Puede ser razonable que la pobreza sobrevenida de los progenitores no tenga que llevar aparejada una retirada de la custodia de sus hijos, sin embargo, es del todo demencial que la protección a la infancia no intervenga para dar alojamiento a los niños y niñas, al menos, mientras sus progenitores encuentran una alternativa habitacional.
Desde la Generalitat le suelen pasar el problema a los ayuntamientos, a quienes la ley, hecha por la propia Generalitat, obliga a dar un alojamiento a estas familias. Sin presupuesto y sin recursos, los entes locales no pueden hacer frente a esta imposición de la administración autonómica, que no les da un solo euro para gestionar. Consultadas fuentes locales afirman a eltaquigrafo.com que, sin medios para actuar, muchas de esas familias acaban desapareciendo de los municipios y esos menores dejan de tener seguimiento y, por tanto, una mínima protección.
Claro que no son los mismos recursos con los que cuenta un ayuntamiento de la comarca del Baix Camp que el Ayuntamiento de Barcelona. Por eso existen situaciones como la de los menores que murieron en el local ocupado de Barcelona, o tantos que acaban durmiendo en los coches con sus padres. La administración encargada de velar por sus derechos como niños de vivir en una casa, hace dejación de funciones y permite y consiente que haya niños viviendo en locales ocupados o en la calle.
