España es uno de los principales países de tránsito y destino de víctimas de trata en Europa. Así lo advertía el Gobierno español el pasado 30 de julio, con motivo del Día Internacional contra la trata de personas. Cada año, cientos de personas —en especial mujeres y niñas, como alerta el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)— son liberadas por los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) de su situación de total esclavitud. Porque la trata de personas, según la describe la propia Policía Nacional, podría definirse como «la esclavitud del siglo XXI», siendo uno de los «delitos más comunes y que mueve mayor cantidad de dinero en todo el mundo, tras el tráfico de drogas y el de armas».
Y, aunque el número de casos de trata parece estabilizarse como consecuencia, apunta el Ministerio de Interior, de las exhaustivas medidas de prevención impuestas con el fin de erradicar esta tipología delictiva (controles masivos, inspecciones administrativas, seguimientos policiales), solo en 2019, las FCSE liberaron a 418 mujeres víctimas de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual. El CITCO ya advertía en su último balance de resultados (de 2014 a 2018) que esta tipología de explotación, la sexual, junto con la laboral, eran los dos tipos de esclavitud más frecuentes y extendidos de nuestro país. Según la Fiscalía General del Estado, la trata con fines sexuales encabezaría la lista con diferencia.
La labor policial y de prevención permitió el año pasado impulsar 533 investigaciones que se saldaron con la detención de 1.030 presuntos miembros de estas organizaciones criminales.
El auge de la mafia nigeriana
Según datos de 2018, los cuerpos policiales realizaron un total de 2.036 inspecciones preventivas en lugares donde se ejerce la prostitución. Estas inspecciones permitieron investigar a 9.315 personas, según el CITCO, relacionadas con las bandas criminales que lideran estas redes de explotación sexual.
Aunque las mafias del este europeo llevan años ganándose la fama de explotadoras sexuales, la principal nacionalidad de los detenidos ese año en España fue la española, seguida de la rumana y la nigeriana. En cuanto a las principales nacionalidades de las víctimas liberadas, el 98,27% de las cuales fueron mujeres y niñas, fueron nigeriana, seguida de colombiana y venezolana. Observando, de este modo, que la mafia nigeriana está detrás de algunas de las principales redes de trata con fines sexuales afincadas en nuestro país, en especial, en la Comunidad de Madrid, Catalunya, Andalucía y las Islas Canarias, según el informe de la CITCO.
Trata con fines laborales
La explotación sexual, sin embargo, no es el único objetivo perseguido por las redes de trata de personas. El pasado año, 428 personas fueron rescatadas de las tramas que las habían traído a España con fines de explotación laboral. Un año atrás, en 2018, 11.738 personas fueron investigadas en este sentido, siendo Andalucía, la Comunidad Valenciana y Catalunya las principales comunidades de actuación de los CFSE.
Según el informe del CITCO, al que ha tenido acceso este medio, mientras que las redes de trata por explotación sexual han vivido un periodo de estabilización, en las redes de explotación laboral se ha producido el efecto inverso y tanto las mafias como las víctimas experimentaron un aumento en 2018 y otro, aún más pronunciado en 2019.
Estos resultados también se han evidenciado en las investigaciones dirigidas por la Fiscalía General del Estado, que ha visto duplicadas las investigaciones en relación con la trata de personas, tanto por fines sexuales (delito que sigue siendo preponderante, según el citado organismo) como por fines laborales. Según la Memoria de la Fiscalía, las investigaciones por trata de personas con fines de explotación sexual pasaron a ser 131 en 2019, 57 más que en 2018, con lo que se duplicaron. Lo mismo que con las investigaciones por explotación con fines laborales, que pasaron a ser 28 frente a las 12 del año anterior (2018).
Durante el Estado de Alarma
El estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 supuso un notable cambio en todas las dinámicas criminales, incluida la trata de seres humanos. El confinamiento afectó en mayor medida a las víctimas más vulnerables, como las mujeres atrapadas en los espacios donde estaban siendo explotadas sexualmente, que cerraron sus puertas, pero no cesaron su actividad.
De hecho, Estefani Tarragó, escort, actriz porno y modelo, ya afirmó en una entrevista en plena pandemia a eltaquigrafo.com que muchas chicas, tanto de forma particular como en clubs pirata, siguieron trabajando para poder obtener algo de dinero con lo que seguir adelante. Desde el sindicato de trabajadoras sexuales, coincidiendo con otras entidades y organizaciones que velan por los derechos de las prostitutas, como Askabide, en Navarra y el País Vasco, explicaron también a este medio que otra de las graves consecuencias de esta situación «más allá de jugarse la salud y una multa por seguir ejerciendo la prostitución y saltarse el confinamiento» era que las jóvenes que vieron como sus clubes se cerraban y estaban malviviendo en los burdeles, a su vez, estaban creando una deuda económica que deberían saldar cuando esta situación terminase.
Por ese motivo, Policía Nacional y Guardia Civil reforzaron durante esa etapa las inspecciones preventivas en lugares con riesgo de producirse la explotación en cualquiera de sus ámbitos, lo que ha permitido a las unidades de ambos cuerpos realizar, al menos, 133 operaciones contra grupos organizados que se saldaron con la detención de 196 traficantes de seres humanos y la liberación de 215 víctimas.
