El Ministerio de Igualdad anunció recientemente que las víctimas de explotación sexual y trata para tales fines podrán ser beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV) propuesto por el Gobierno y que se espera implementar en el mes de mayo. Esta medida presenta un refuerzo, según apunta el Ministerio, al ya existente Plan de Contingencia para luchar contra la violencia machista durante el confinamiento por el coronavirus y que estará vigente durante el estado de alarma.
El Gobierno pretende que, con este ingreso mínimo vital, se garanticen unas condiciones mínimas de subsistencia, siempre que cumplan los criterios acordados. Pero dada la excepcionalidad de esta situación, incluso las mujeres en situación irregular, que suelen ser la mayoría de los casos —un 90%— de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, podrán acceder a esta ayuda.
Aun así, hay ciertos grupos de activistas abolicionistas que han puesto en duda esta acción, al considerar que muchas de estas mujeres no podrán acceder a esta ayuda y, en el caso de que lo hagan, este dinero irá directo al proxeneta. Núria González, presidenta de L’Escola A.C., ha explicado a este medio que esta medida es «una patraña» y «pura caridad institucional».
Entidades y ONG
De cara a la detección e identificación de las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución, el Gobierno indicó que «serán las ONG especializadas en asistir a mujeres en contextos de prostitución las que presentarán los casos de las mujeres que consideren que presentan signos de trata o explotación sexual, y las mujeres en situaciones de aislamiento y alta vulnerabilidad, así como el recurso que se requiere en cada caso».
De este modo, durante la inspección y cierre de hostales, hoteles y clubes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reforzarán la coordinación con estas entidades, organizaciones y servicios especializados, para asegurar la asistencia y protección a las víctimas.
Solución habitacional
El plan contempla que las víctimas de trata y explotación sexual, así como las mujeres en contexto de prostitución, podrán ser beneficiarias del amparo vinculado a la vivienda del programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, así como de las administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a estas víctimas. En este sentido, fuentes del Sindicato OTRAS ya alertaron a eltaquigrafo.com que «más allá del jugarse la salud y una multa por seguir ejerciendo la prostitución y saltarse el confinamiento, las jóvenes que han visto como sus clubes se cerraban están viviendo en los burdeles, creando una deuda económica que deberán saldar cuando esta situación termine».
«Dinero público financiando el lobby putero»
Sin embargo, hay grupos que no están nada de acuerdo con esta medida. González ha querido señalar varios aspectos por los que considera que esta propuesta es una «absoluta tomadura de pelo» que lo único que consigue es «financiar el lobby putero con dinero público». En primer lugar, señala que, esta medida no se ha creado exclusivamente para ellas, sino que «cualquier persona que no tenga ingresos va a recibir este mínimo vital».
González añade que, en relación con las mujeres prostituidas, se debe hacer la siguiente reflexión: «¿Qué pretenden, que vaya una mujer y les diga a las ONG que es una víctima de trata? ¿Para que luego la mate su putero?». «Es más —prosigue la abogada y activista—, si lo hacen, si reconocen que son víctimas de trata ¿qué representa que tiene que hacer el Gobierno? ¿Darle los 300 euros y mirar hacia otro lado? ¿No van a investigar? ¿No van a detener al proxeneta?».
Finaliza su reflexión ironizando sobre lo que el Gobierno y el Ministerio de Igualdad parece que harán después, «y ¿qué van a hacer cuando finalice la crisis, quitarles la ayuda, para volverlas a meter en el puterío?», lamenta González. Además, la activista abolicionista considera que, en los casos que la ayuda llegue a estas mujeres, el dinero irá directamente a manos del proxeneta.
