La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a siete personas presuntamente pertenecientes a una organización criminal que se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Durante esta operación conjunta, denominada “Cárpatos-Liberty-Luboca”, han liberado a cinco mujeres obligadas a ejercer la prostitución en contra de su voluntad. En el marco de esta operación policial, los agentes han efectuado varias entradas y registros en la localidad de Caspe (Zaragoza) y en Barcelona.
La investigación se inició en junio del pasado año cuando un testigo protegido puso en conocimiento de las autoridades haber sido víctima de una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. El informante, además, afirmaba tener conocimiento de que había más personas en su misma situación.
Unos meses después de esta primera denuncia, en octubre de 2019, se abrió otra investigación a raíz de que una joven de nacionalidad extranjera fuese víctima de una agresión en Caspe. La víctima, embarazada en aquel momento, requirió asistencia médica. Durante su traslado a un centro hospitalario, se comprobó que no portaba documentación y que la joven no tenía acceso a ella. Las indagaciones determinaron que la joven ejercía la prostitución en un club de Caspe donde tenía que entregar la mayor parte del dinero a una madame que, además, era quien la trasladaba cuando tenía que abandonar el local.
La investigación derivada de esta agresión llevó a los agentes a descubrir una red que captaba a mujeres en sus países de origen, ofreciéndoles un futuro mejor. El modus operandi consistía en que uno de los miembros de la organización contactaba con mujeres extranjeras y, tras convencerlas para que fuesen sus parejas, les pedía que se trasladasen con él a España donde les prometía un puesto de trabajo en el sector hostelero.
Una vez aceptada esta oferta, las mujeres eran obligadas a someterse a una cirugía de aumento de pecho y, una vez en España, eran recogidas por miembros de la organización y obligadas a ejercer la prostitución en locales repartidos por toda la geografía española y alemana. Las víctimas eran amenazadas con infligirles algún daño a ellas o a sus familiares si no abonaban la desorbitada deuda, que según la organización, habían adquirido con esta. Además, la red había diseñado todo un entramado de multas para incrementar esta cifra progresivamente hasta que resultaba prácticamente imposible de abonar.
En las entradas realizadas en domicilios y locales de Calpe y Barcelona, los investigadores han registrado otros negocios, como un gimnasio y una pizzería, que funcionaban, presuntamente, como tapaderas para el blanqueo de grandes sumas de dinero procedentes de la trata de seres humanos. En los locales intervenidos se han incautado armas, munición, grandes cantidades de anabolizantes, una cantidad de 25.000 euros en efectivo y equipos informáticos donde la organización almacenaba información de relevancia para la investigación que ya está siendo analizada por los especialistas tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.
