En 2017, Aleksejs Dircenko presentó una denuncia ante los Mossos d’Esquadra por un presunto caso de extorsión. Unos anónimos, en nombre de un extrabajador suyo, Viktor Murenko, empezaron a extorsionarle, llegando incluso a enviarle una carta falsa, firmada por él y por su madre – una mujer de 93 años – donde reconocían haber participado en terribles crímenes de tráfico de armas de guerra a nivel internacional.
Con todo, Dircenko, de nacionalidad hispano-letona, llevó toda esta documentación ante los Mossos d’Esquadra para formalizar su denuncia. El Juzgado número 19 de Barcelona aceptó la instrucción del caso y la investigación, a priori, se puso en marcha.
El denunciante se convierte en investigado
Sin embargo, lejos de que eso se produjese, los agentes investigadores de los Mossos, ahora denunciados por el propio Aleksejs, recogieron toda esa documentación y la utilizaron para reformular una investigación en contra del denunciante, por una presunta trama de blanqueo de capitales, derivada del tráfico internacional de armas de guerra.
Seguidamente, y sin dar parte a la jueza del 19 – según fuentes cercanas al denunciante – los agentes trasladaron sus informes directamente a la Fiscalía Anticorrupción, abriéndose una investigación directamente en el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional. Quedando, de este modo, la denuncia y su respectiva investigación inicial relegada en un segundo plano.
Es esta omisión de investigación la que ha denunciado ahora Aleksejs Dircenko; y por la que, tanto los dos mossos que iniciaron la investigación en su contra, como los dos policías que formaron parte del grupo de investigación conjunto – ya coordinado por Anticorrupción – tuvieron que prestar declaración este jueves ante el Juzgado número 3 de Barcelona, acusados de un delito de falsificación documental, revelación de secretos y omisión de investigar un delito.
Nadie sabe nada
En su declaración, como ha podido saber eltaquigrafo.com, los dos policías nacionales “cargaron el muerto” a los mossos. Ambos aseguraron que ellos entraron a formar parte de la investigación cuando ésta ya estaba en manos de la Audiencia Nacional. Y si bien sabían que el caso se originó con una denuncia de uno de los investigados – Aleksejs Dircenko – y se instruía por una juez de Barcelona, ellos afirmaron no tener ningún vínculo con esta primera fase.
Por su lado, los mossos d’esquadra se defendieron ante el juez alegando que fue el Fiscal Anticorrupción quien, directamente “y por escrito”, les ordenó que todas las averiguaciones se las derivaran directamente a él y no, a la instructora 19 de Barcelona. Aun así, los dos agentes aseguraron que le entregaron el atestado a la jueza en mano.
Ante estas declaraciones, fuentes cercanas a la acusación han asegurado a esta redacción que ahora lo que se requerirá es: por un lado, el documento del fiscal donde se pide formalmente que toda la información se derivé directamente hacía su persona; y, por otro, la declaración de la juez del 19 para que confirme o desmienta si realmente los agentes le entregaron en mano todo el atestado de la investigación inicial para su preceptiva investigación.
La explotación de la 1ª fase de la ‘operación Yakir’
Con todo, desde que se presentó la denuncia, a finales de 2017, hasta que Aleksejs Dircenko, su primo Boris Lunoff y el exempleado, Viktor Murenko, fueron detenidos en el marco de la ‘operación Yakir’, el primero fue insistiendo en preguntar cómo avanzaba su investigación, sin nunca obtener una respuesta clara sobre el asunto. Luego entendió que, durante todo este tiempo, se había orquestado un trama en contra de su persona. Trama que todos los detenidos niegan, defendiendo su inocencia.
Sin embargo, según la Fiscalía Anticorrupción, ‘Lumar’, la compañía de transporte marítimo, propiedad de Dircenko, habría sido el embudo a través del cual los investigados habrían blanqueado sendas cantidades de dinero procedente del tráfico internacional de armas de guerra.
Esta premisa los mantuvo más de un año en prisión. Aunque, finalmente, pudieron salir tras demostrar la fragilidad de los indicios que no podrían demostrar la comisión del delito antecedente – en este caso el tráfico de armas – que justificase el eventual blanqueo.
