Hartos de sentirse desamparados por la Administración Pública, concretamente por la Generalitat y su Departamento de Justicia, el sindicato CSFI Prisiones en Catalunya ha presentado este miércoles nueve informes estadísticos, uno por cada centro penitenciario en esta comunidad autónoma, donde se plasma la evolución de las agresiones a funcionarios de prisiones durante el primer semestre del año y de forma comparativa desde 2018 hasta este 2022.
Dichos informes, públicos en la página web del sindicato, evidencian una escalada escalofriante de las agresiones en todas las cárceles catalanas. De forma generalizada, los ataques, este primer semestre, se han triplicado respecto al mismo período de 2018; pero, en algunas prisiones, los incidentes se han llegado a octuplicar. Este es el caso del centro penitenciario de Ponent, en Lleida, donde se ha pasado de 2 casos en 2018 a 17 en 2022.
Sin embargo, Brians 1 registra los peores datos
Sin embargo, los datos más pesimistas se atribuyen al centro penitenciario de Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires, Barcelona) siendo la prisión catalana que ha registrado más agresiones durante este primer semestre: 97 en total. Según el portavoz del sindicato, Alberto Gómez, esto se puede dar porque “desde que se cerró la Modelo se trasladaron todos los presos preventivos a Brians 1 y el perfil de estos internos es más propenso a ocasionar altercados”, ha explicado a eltaquigrafo.com. Con todo, y respecto al mismo periodo pero de 2018, Brians 1 registró 19 ataques a funcionarios. Lo que supone un augmento del 510%.
Otra prisión que presenta datos realmente preocupantes es Mas d’Enric, en Tarragona. Con un augmento del 700% - se han septuplicado los casos – esta cárcel tarraconense ha pasado de 3 agresiones en 2018 a 21 en 2022.
La preocupación les ha movilizado de nuevo
Sin embargo, por su lado, Wad-Ras, la cárcel de mujeres de Barcelona, sigue siendo la que menos casos registra, con un total de 2 durante este primer semestre, mejorando las cifras de 2019 (4) y 2021 (3). El resto de las prisiones, lamentablemente, ya suman, al menos, un veintena de agresiones este 2022, datos que preocupan encarecidamente a los portavoces sindicales que ven como sus afiliados trabajan con miedo, al sentirse desprotegidos.
Gómez insiste en la necesidad de dotar la prisiones con más personal y que éste esté bien equipado. Por eso, este miércoles, a las puertas del Parlament de Catalunya, los principales sindicatos de prisiones han vuelto a manifestarse para recordar a los representantes políticos, en especial a la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, su hartazgo y reclamos: más personal y más protección.
Ciuró ha aceptado verles
La concentración ante el Parlament, que ha reunido a unos 200 asistentes, ha coincidido con una sesión parlamentaria. Tras ello, la consellera ha aceptado reunirse con los portavoces y secretarios de los sindicatos representativos ahí presentes a quienes ha trasladado sus propuestas de mejora. Gómez ha celebrado a preguntas de esta redacción la voluntad de la Generalitat, pero se ha mostrado con un sentimiento agridulce al descubrir que todavía "no existe una hoja de ruta para frenar el auge de las agresiones".
No es la primera vez que salen a la calle
Sin embargo, no es la primera vez que los sindicatos de funcionarios de prisiones salen a la calle, hace escasamente un mes CSIF, Marea Blava Presons y otras entidades y agrupaciones del sector se reunieron ante el Palacio de la Generalitat para gritarle a la consellera que no pueden más. “El mensaje que debe recibir la Administración debe ser inequívoco, directo y contundente. Pongamos fin al desprecio continuo que venimos sufriendo por parte de nuestros dirigentes” se podía leer en el comunicado oficial de CSIF. “No queremos más chantajes por parte de quien no tiene la sensibilidad de comprender que somos un colectivo envejecido y agredido”.
Equipararlos con agentes de la autoridad
Y es que, las heridas físicas, pero sobre todo psicológicas que se pueden derivar tras una agresión son muy difíciles de superar, asegura el portavoz. Por eso, se necesitan mecanismos, medidas y leyes para reducirlas. Según manifiesta su lucha, equiparar a este colectivo con agentes de la autoridad amedrentaría a los presos, que se lo pensarían dos veces -aseguran- antes de agredir a ningún funcionario.
