La Banca Privada de Andorra (BPA) arrastra un agujero de 200 millones de euros, 7 años después de su intervención por blanqueo de capitales. Así lo adelantaba El Mundo y así lo ha podido constatar eltaquigrafo.com, que ha tenido acceso en exclusiva a los balances y documentos que demostrarían que entidad financiera se encuentra en liquidación, es decir, con fondos propios negativos. Además de con unas pérdidas de al menos 500 millones de euros en los últimos años.
Antecedentes:
Cabe recordar que BPA fue intervenida el 12 de marzo de 2015, dos días después de que el FinCen americano (el organismo estadounidense antiblanqueo) emitiese una nota informativa alertando, con pocos argumentos, que BPA era «institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales». Esta alerta, provocada por una serie de artimañas y engaños orquestados por la ‘policía patriótica’ en España, fue demoledora para la entidad que inmediatamente quedó intervenida, llevándose también por delante su filial, el Banco de Madrid.
Con los años, como recuerda El Mundo, la Justicia española y el Servicio de Blanqueo de Capitales (Sepblac) archivaron las causas correspondientes al Banco de Madrid, absolviendo a los antiguos responsables de la entidad de los delitos de blanqueo de los que se les acusaba. Sin embargo, BPA no tuvo la misma suerte que su filial española, y 24 de sus extrabajadores, entre ellos el exCEO Joan Pau Miquel, están siendo juzgados por los mismo delitos, pero en Andorra. No obstante, y a favor de la defensa de los acusados, recientemente la Justicia andorrana ha impulsado una investigación contra el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y algunos de sus antiguos ministros, por haber provocado la caída de ambas entidades financieras en base a argumentos que luego no han quedado acreditados.
En la actualidad:
Llegados a este punto, y con los dueños del banco, los hermanos Higini y Ramón Cierco, reclamando al Estado español una indemnización de 141 millones por los daños y perjuicios causados, queda en el aire el futuro de la entidad andorrana, que sigue sin disolverse y mantiene todavía atrapados a numerosos clientes.
Si bien el volumen del balance del banco ascendía en 2014 – un año antes de la intervención - a más de 1.900 millones de euros, esa cifra se redujo drásticamente con la intervención, hasta quedar reducida a 740 millones en 2016. A finales de 2020, ese montante disminuyó todavía más hasta alcanzar los 544 millones.
Los clientes no pueden mover sus fondos
Llamativamente permanecen en el balance, por ejemplo, fondos de clientes invertidos en renta variable que se elevan a 244 millones y cuya retirada llevaría aparejada una considerable pérdida. Los clientes que quedan, que todavía se elevan a varios centenares y entre los que se encuentran numerosos con nacionalidad española, son los que no han migrado a otra entidad. Al encontrarse el banco en liquidación no pueden operar con sus fondos y pese a que su dinero no está bloqueado por ninguna orden judicial, según aseguran a El Mundo fuentes próximas a la entidad del Principado, se encuentran en "una situación de bloqueo 'de facto'".
