La Generalitat se personará como acusación particular en los juicios contra el médico que abusó de varias mossas. Los agentes de baja por acoso laboral celebran esta decisión, pero lamentan la ayuda arbitraria y selectiva del Departament
Este martes se celebró en el Parlament de Catalunya una nueva Comisión de Interior para tratar, en esta ocasión, los presuntos casos de abusos sexuales a cinco agentes de Mossos d’Esquadra por parte de un médico del Departamento de Interior. Durante la sesión, el conseller avanzó que la Generalitat se personará como acusación particular en los cuatro juicios que todavía están pendientes de celebrarse; como ya hizo en diciembre de 2022 en un primer juicio que condenó a este facultativo a dos años de prisión por abusar de una mossa en 2019.
Esta sentencia se corresponde al primero de los cinco casos judicializados. De hecho, el escándalo salió a la luz después de que esta agente, agredida en 2019, denunciara tocamientos en sus partes íntimas durante un chequeo médico. A raíz de esta denuncia, se sumaron cuatro agentes más, que son los juicios pendientes de celebración.
La arbitrariedad del Departament
Sin embargo, aunque el cuerpo y los sindicatos celebran esta decisión, algunos agentes de la ARRO de Tarragona, de baja desde hace años como consecuencia de una situación de acoso laboral, han lamentado a eltaquigrafo.com la arbitrariedad de Interior a la hora de decidir a qué compañeros se da apoyo.
De hecho, este caso de mobbing se mencionó ayer en la misma Comisión para poner en evidencia al conseller, recordando que en este procedimiento la Generalitat no sólo ha abandonado a las víctimas, sino que, además, ha decidido respaldar únicamente a los comandos (la parte acusada).
La Generalitat sólo ha dado apoyo a una de las partes
Fue el diputado Sergio Macian (VOX) quien citó el caso para ejemplificar esta misma arbitrariedad que lamentan los afectados. “El Departament protege a tres mandos acosadores de ARRO Tarragona que han hecho pasar un auténtico infierno a cinco agentes. La Fiscalía pide 84 años de prisión por delitos de lesiones, contra la integridad moral y falsificación documental” y añade que el Departamento “nunca se ha preocupado por su estado y paga la defensa de los acusados, dispensándoles de pagar la fianza de 84mil euros que ha impuesto el juzgado”.
A las puertas del juicio
Los agentes afectados, que denunciaron a sus superiores en 2012 tras años de idas y venidas, lamentan el abandono del Interior, que les ha dejado de lado. Recuerdan que la Dirección General de la Policía, que depende directamente de la Generalitat, prestó servicio jurídico a los denunciados, pelando, incluso, por archivar este procedimiento.
Los denunciantes, sin embargo, no han recibido ningún tipo de ayuda de la Administración para la que también trabajan y sólo han sido respaldados por el Sindicato de Policías de Catalunya (SPC), cuyo servicio jurídico se ha hecho cargo de la acusación. Con todo, el juicio se celebrará los próximos días 12, 13 y 14 de junio, tras más de una década de instrucción.
