Lo que era un secreto a voces, un verdadero clamor en el sector pesquero español, se ha confirmado: la atunera Balfegó se desmarca oficialmente de su competencia y comparece como acusación contra decenas de empresarios de su mismo sector imputados por la Audiencia Nacional en el marco de la operación «Tarantelo», unas diligencias instruidas por la Guardia Civil contra una macro red de capturas y distribución ilegal de atún. La empresa Balfegó pidió, hace meses, su comparecencia como acusación y el juez la ha aceptado, previo pago de la preceptiva fianza.
Acusaciones
unidas
El
juez, sin embrago, pide una única acusación popular y ese es el motivo por el
que Balfegó irá de la mano de la ONG Greenpeace, que también solicitó ser acusación en
estas diligencias sumariales. No solo eso, la patronal del sector, Cepesca,
también ha
querido comparecer como acusación y se sumará a la ONG y a la empresa atunera
catalana.
Con
este panorama, queda evidenciado lo que era un secreto a voces en el sector del
atún desde que Balfegó
participara en un programa de La SextaTV y denunciara las
irregularidades de algunas potentes e históricas empresa del sector,
especialmente aquellas instaladas en la comunidad valenciana. Algunos imputados
sostienen que los intereses comerciales de Balfegó han movido los hilos de la
operación «Tarantelo» desde su inicio.
La
ley y solo la ley
Desde
la empresa atunera catalana, sin embargo, se apela al cumplimiento estricto de
la ley como «línea infranqueable por parte de todos aquellos operadores que se
dedican al negocio del atún, desde las capturas hasta su puesta a la venta al público». Y añaden:
«Esta empresa no va a consentir ni
la deslealtad empresarial ni conductas que atenten contra la salud pública, por
eso comparecemos como acusación».
Fuentes jurídicas consultadas por El Muro de La Sexta han puesto el foco en lo que, a todas luces, es una, cuanto menos, curiosa situación: la patronal Cepesca, entre cuyos miembros asociados destacan diversos empresarios imputados en la operación «Tarantelo», ejerce de acusación contra ellos. Esta kafkiana y retorcida situación, sin duda, va a presidir el devenir de las futuras asambleas de la patronal.
Nuevas
indagaciones
El
juez que investiga el caso ha pedido a la Guardia Civil que pormenorice todos
y cada uno de los indicios criminales contra cada una de las decenas de
imputados, en lo que parece ya la recta final de esta investigación, que sitúa
el montante del fraude del atún, presuntamente distribuido de forma irregular,
en decenas de millones de euros. El juez pide, además, que se investigue si al
Grupo Arrom, uno de los imputados por la presunta distribución ilegal de atún,
se le estaba investigando por parte de los Mossos d’Esquadra mientras también estaba en el punto de mira
de los investigadores de la Guardia Civil
responsables de la operación «Tarantelo».
Mas allá del Mediterráneo
El Muro de La Sexta ha adelantado, de fuentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, que se mantienen en marcha, al menos, dos líneas nuevas de investigación que afectan a las ramificaciones internacionales de la red «Tarantelo». Una de ellas apunta a la posible comisión de un delito de blanqueo a gran escala por parte de algunos de los mas rebombados imputados en este caso, cuya identidad no ha querido ser desvelada a este medio al estar «inmersa en plena fase indagatoria».
