Se ha roto el silencio. Denunciar públicamente que de joven habías sido abusado sexualmente por un monje no debe ser, ni mucho menos, una tarea sencilla. Por eso, se entiende que muchas víctimas de violencia sexual, por parte de miembros de la comunidad cristiana,hayan mantenido oculto su caso hasta hace apenas una semana.
Pero tras la denuncia pública de Miguel Hurtado, víctima del monje Andreu de Montserrat, la onda expansiva de su experiencia ha servido para que otras víctimas se atrevieran a dar el paso.
“La primera semana después de mi denuncia fue muy dura”, afirma Hurtado a Els Matins de TV3. “Hasta que no empezaron a salir más víctimas, era mi palabra contra la de la abadía”. Pues para muchos, incluido el Hurtado de 16 años, relacionar la santa abadía con la pederastia les parecía inverosímil.
Ahora, las víctimas de agresión sexual por parte del monje Andreu Soler de Montserrat ascienden a 9. Por lo que, lo inverosímil es el silencio y el encubrimiento de la Iglesia.
El silencio de la Iglesia
Por su parte,la Iglesia española silenció durante décadas la mayoría de los casos de abuso sexual. No comunicó estos hechos a la Fiscalía para abrir un proceso judicial ni hizo públicas las condenas impuestas a los sacerdotes pederastas, salvo contadas, y en algún caso forzadas, excepciones.
Ante el aluvión de acusaciones y denuncias, los obispos españolestan solo crearon en el mes de octubre una comisión para actualizar sus protocolos de actuación, que datan del 2010. En estos protocolos, difundidos por el Vaticano hace 9 años, se invita a las víctimas a denunciar sus casos, pero no obliga a los eclesiásticos a hacerlo. Lo único que deben hacer es informar a la Santa Sede de dichas denuncias.
La Santa Sede recibe 500 casos anuales
El Vaticano reconoce, en sus informes públicos, que cada año recibe entre 400 y 500 casos de abuso a menores, aunque la información que facilita la Congregación no detalla cuántos procedimientos corresponden a cada país,se estima que el número de casos es muy superior.
Lo que sí se sabe, es que en España se han detectado 36 casos en los últimos años, pero el número de real es incierto debido al silencio de la Iglesia y a la escasez de denuncias. Según los pocos datos recogidos, los casos de pederastia afectan al 0.2% de la comunidad católica en España.
Y aunque, el Código de Derecho Canónico sí que exige a la Iglesia a indagar cuando se tenga conocimiento, los casos más recientes demuestran que se ha comprado el silencio de las víctimas e incluso queda plasmada la poca voluntad de la Iglesia de hacer estos casos públicos.
Ocultación del delito
Miguel Hurtado ha descubierto que varias víctimas, anteriores a él, también habían denunciado su agresión ante la abadía de Montserrat.Por lo tanto, Hurtado reafirma su declaración de que la abadía era consciente de lo que ocurría. Además, Montserrat reconoce haber pagado una indemnización en negro a Hurtado para que pudiese sufragar su tratamiento psicológico. Con ello, la abadía reconocía el delito.
Aun así, hay que tener en cuenta que “las denuncias no se hacían por la vía jurídica” y tanto Hurtado como los otros abusados denunciaron su agresión a la Iglesia directamente y no a los tribunales ni a la policía. El miedo, la vergüenza y “el qué dirán” se apoderó de las víctimas durante años.
En este sentido, Raquel Nieto, abogada especializada en violencia de género y abusos sexuales, comenta a este medio que el delito de agresión murió con el monje Andreu en 2008. Lo que no ha muerto, según la abogada, es la responsabilidad civil de la institución sagrada.
La prescripción de los delitos
Periodistas, asociaciones como Vicky Bernadet y víctimas, entre ellas Miguel Hurtado, se quejan de la pasividad de la Iglesia, de la falta de transparencia y de la precoz prescripción de los delitos por abuso sexual.
Y ahora que parece que el Gobierno quiere dar un paso, se choca con el muro de la prescripción de los delitos. Los casos que están saliendo a la luz se produjeron entre los 70 y los 90 y, en muchos casos, el agresor ya está fallecido. Esto conlleva que la mayoría de las denuncias no trasciendan.
Ejecutivo y partidos políticos quieren proponer un mayor plazo de prescripción tanto para el delito de abusos como para el de encubrimiento. El anteproyecto de protección a la infancia, aprobado en diciembre, ampliaría a 12 años el plazo de prescripción, que empezaría a contar cuando la víctima cumpla 30 y no a los 18, como ocurre ahora. Aun así, para Miguel Hurtado y el resto de las víctimas no es suficiente y querrían que el plazo empezará a contar a partir de los 50 “por la vulnerabilidad psicológica de los abusados sexualmente”.
Comisión de Investigación
Lo que tampoco les parece suficiente son las Comisiones de Investigación privadas que han organizado tanto Montserrat, como Vilobí d’Onyar o la Diócesis de Tarragona.
En el caso de Montserrat, los miembros de la comisión han sido elegidos a dedo por el padre abad, Josep María Soler, formada por: un monje, su abogado, una psicóloga y un ex político de la Generalitat vinculado al movimiento socio-cristiano. Hurtado cree “que esta comisión no puede ser efectiva si la dirige la misma persona que ha encubierto el delito durante 40 años”.
Por su lado, el Obispado de la provincia de Girona anunció esta semana la puesta en marcha de la Comisión Diocesana para investigar los casos de abuso sexual, llevados a cabo por el monje Tomàs Pons.
La comisión está integrada por tres personas: un cura, su asistente y una psicóloga, y ya se han puesto en contacto con algunos de los hombres que denunciaron abusos. El cura Tomàs, todavía en vida, será de los últimos en declarar antes de enviar el informe a la Santa Sede.
La Diócesis de Tarragona vive su “Semana trágica”
Tras estos dos casos, salieron a la luz los abusos llevados a cabo por el mosén Pere Llagostera, rector de Constantí entre 1972 y 1999. El monje se llevaba a los monaguillos de la Iglesia de excursión todo el fin de semana. En los refugios donde pasaban la noche aprovechaba para abusar de ellos. Para ser exactos, de más de un joven por noche. Todoesto ocurrió entre los 70 y los 80 como relató Joan Maria Ramon, una de las víctimas.
Pero para la Iglesia de Tarragona la cosa no termina aquí. El Arzobispado de Tarragona, tras "las informaciones publicadas en los medios", envió un comunicado en el que explicaba que dos sacerdotes, que siguen en activo actualmente, han sido objeto de investigaciones por parte de la Doctrina de la Fe del Vaticano.
Tanto el párroco F. Xavier Morell Rom (Constantí y La Canonja) como Josep Maria Font (Arbeca y anteriormente en Cambrils),investigados por presuntos casos de abuso sexual, presentaron su dimisión esta semana. Font anteriormente había trabajado en una escuela de Tarragona de donde fue apartado por un presunto caso de abuso a dos hermanas.
Maristas, Salesianos y las agresiones en la escuela
Y la agresión por parte de miembros de la comunidad religiosa en las escuelas nos recuerda a las más de 40 denuncias que hay interpuestas por el Caso Maristas o el reciente escándalo en Bilbao en un colegio de la orden Salesiana. De hecho, esta semana se cumplen 3 años desde que salieron a la luz los primeros casos del colegio Marista de Sants – les Corts. Y, desde entonces, esto es un suma y sigue.
Los avances son, sin embargo, muy tímidos incluso para miembros de la comunidad cristiana. Josep Torrens, ex portavoz de Iglesia Plural, reconoció esta semana que “aunque la iglesia ha avanzado, la respuesta todavía ha sido muy tibia”.
Dolores Calvo, ministra de Justicia, ha dado un primer paso al enviar una carta a La Conferencia Episcopal Española (CEE) pidiendo información sobre los casos de abuso sexual en España. El Gobierno también ha pedido a la Fiscalía que investigue estos casos y por su parte,los obispos catalanes tienen previsto abordar el tema para esclarecer los hechos e intentar erradicar esta práctica en el seno de la Iglesia.
En este sentido, el Gobierno ha pedido personalmente a la Fiscal General del Estado, María José Segarra, información sobre las diligencias abiertas – número de investigaciones y estado de estas – sobre los casos que relacionan cualquier institución religiosa con el abuso y la agresión sexual a menores.
Según Calvo, “estas informaciones han generado una importante alarma social y una fuerte demanda para que el Gobierno aborde este fenómeno”. Fuentes de Justicia aseguran que, una vez el Ejecutivo reciba los datos, se estudiará si procede hacer reformas legales o introducir cambios en el anteproyecto de ley de protección de la infancia (donde se recoge la ampliación de la prescripción del delito de abuso y del de encubrimiento).
El Vaticano se suma al escándalo
Por su lado, el Vaticano no se queda atrás. Como Santa Sede no podía ser menos y recientemente han salido a la luz casos de abuso sexual a monjas. El Papa Francisco reconoció que este problema “venía de lejos” y lamentó que “el maltrato a las mujeres es una realidad en todos lo ámbitos de la sociedad”. Esta aceptación hecha por el máximo jerarca de la Iglesia católica hace todavía más visible el problema que encara la Iglesia.
Con todo, se esperan todavía todos los informes que ha pedido el Gobierno español, así como los informes privados de la comunidad católica. Veremos si para Hurtado y el resto de las víctimas estas investigaciones, declaraciones y caras de lástima serán suficientes.
Su reclamo es claro: más acción y sobre todo más transparencia. Da la sensación de que vivíamos engañados, ellos los primeros, pues fueron agredidos por su fe. Ahora tienen claro, Hurtado el primero, que su única religión “es la defensa de los derechos humanos”.
