A pesar de la larga espera, “solo esperamos que en el juicio se sepa la verdad del infierno que vivimos y se haga justicia”, declaran los denunciantes.
Cinco agentes del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de Tarragona viven inmersos desde el años 2012 en una pesadilla judicial contra sus comandos por presunto acoso laboral.
Abandonados por la Generalitat y la Dirección General de los Mossos d’Esquadra, que sólo han prestado apoyo jurídico a los acusados, obviando a los denunciantes; estos cinco agentes esperaban con anhelo el juicio que, tras año de idas y venidas, por fin se había fijado para los días 12, 13 y 14 de junio en la Audiencia Provincial de Tarragona.
El juicio se pospone para el mes de noviembre
Sin embargo, por motivos que los denunciantes desconocen, este proceso judicial se ha suspendido y se ha pospuesto de cara al próximo mes de noviembre. Concretamente, a los días 21, 22 y 23. Postergando, de este modo, la desesperación de los cinco agentes, que llevan años de lucha y sin poder trabajar de forma regular en su unidad como consecuencia de los trastornos ansioso-depresivos que sufren raíz de los episodios de mobbing que vivieron por parte de sus superiores antes y después de denunciar.
Lamentan que ni la Generalitat, ni de forma específica el Departamento de Interior, se hallan pronunciado al respecto. En especial, después de que el pasado mes de abril un diputado de VOX expusiera su caso públicamente ante la Comisión de Interior del Parlament de Catalunya. Se sienten desamparados por la Administración para la que trabajan, que decidió cubrir tan solo los gastos de los tres mandos acusados, pagando incluso una fianza de 85.000€.
El Sindicato de Policías de Catalunya le ha brindado todo su apoyo
De hecho, ante el silencio de Interior, los cinco agentes se han tenido que buscar sus propios abogados. Agradecen, en este sentido, la predisposición del Sindicato de Policías de Catalunya (SPC) que les ha brindado todas las herramientas jurídicas de las que disponen y al abogado Javier Peiró, cuyos gastos corren a cargo de las víctimas. A pesar de la larga espera, declaran los agentes a eltaquigrafo.com, “solo esperamos que se sepa la verdad del infierno que vivimos y se haga justicia”.
Los agentes denunciaron una mala planificación
Todo empezó en octubre de 2009, después de que una manifestación de la Unión de Payeses de Catalunya en Reus (Tarragona) se saldara con varios agentes de la Unidad Regional de Recursos Operativos (ARRO) heridos. Los mossos afectados llevaban un tiempo quejándose de la mala planificación de su unidad operativa y del trato de favor que recibían los policías afines a los dos sargentos que lideraban el grupo.
Aquella manifestación y la gravedad de algunas de las heridas sufridas fueron determinantes para que ocho de los agentes de orden público de la ARRO de Tarragona emitieran una primera nota informativa exponiendo, lo que a su parecer, no se podía tolerar en su puesto de trabajo.
Lo que no se imaginaban aquellos ocho agentes – ahora solo cinco mantienen el pulso contra la Administración – era que quejarse les traería todavía más problemas. La División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos les sancionó y después de varios recursos, los servicios jurídicos del Sindicato de Policías de Catalunya (SPC) lograron frenar los expedientes disciplinarios que les iban a caer por quejarse de lo que, según ellos, era una mala planificación y una distribución de horas totalmente arbitraria.
Asimismo, incluso algunas de las resoluciones sancionadoras derivadas de estos expedientes disciplinarios incoados en contra de los agentes -- porque ha habido más de uno -- resultaron anuladas por Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
Luego llegó el mobbing
Sin embargo, la situación para estos agentes no mejoró. Más bien, todo lo contrario. Tras esa nota informativa y el primer intento de expediente disciplinario, pues ha habido otros más, los dos sargentos que lideraban la ARRO de Tarragona iniciaron una campaña de mobbing y ascoso laboral contra estos cinco agentes, implicando, incluso, a sus familias.
Desde entonces y durante cuatro años, hasta que en 2012 finalmente se decidieron a denunciarlos, los agentes estuvieron expuestos, casi a diario, a vejaciones, trabajos denigrantes o horarios intempestivos. A uno de ellos, lesionado de la rodilla, le obligaban a correr todos los días. A otro, lo apartaron de las salidas operativas y le destinaron a hacer tareas de mecánico, reparando furgoneta. Incluso, llegaron a burlarse de ellos en un foro policial de Internet, mencionando a sus familias.
Hasta 44 años de prisión
Con todo, la acusación pide 20 años de prisión para dos sargentos y 44 para un inspector a los que acusan de atentar contra su integridad moral por una campaña de acoso laboral, hostigamiento y trato degradante y vejatorio a raíz de discrepancias sobre permisos y servicios. Además de pedirles una indemnización de 30.000 euros para cada uno por los daños morales sufridos.
