Aprovechando que la recién nombrada Fiscal General del Estado, la exministra de Justicia, Dolores Delgado, se pronunció el pasado verano en contra de los vientres de alquiler, asegurando que la práctica debía ser investigada, la Asociación L’Escola A.C., dirigida por la abogada especializada en Derechos Humanos, Núria González, ha presentado un querella ante la Fiscalía con el objetivo de que se abran diligencias para investigar el entramado que se esconde tras las agencias que promueven esta práctica.
En concreto, la asociación ha presentado documentación suficiente para que se abra una investigación sobre varias agencias de vientres de alquiler que podrían estar cometiendo delitos contra la filiación familiar y pertenencia a una organización criminal. Asimismo, en dicha denuncia, L’Escola A.C. también señala a los cónsules que han validado las inscripciones en los consulados de España en el exterior, después de que una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2014 considerara que los contratos de gestación subrogada eran nulos de pleno derecho y, por lo tanto, inaplicables en el derecho español. A estos cónsules, González los presenta como autores de un presunto delito de prevaricación.
Investigación Internacional
Núria González ha explicado a este medio que su objetivo es que se abran diligencias a nivel internacional, pues consideran que en este entramado entran en juego muchos agentes de dentro y fuera del país. Por ello creen, además, que el único órgano capaz de abrir una investigación de tal envergadura es la Fiscalía General del Estado.
Tras años de investigación, González y su equipo han podido constatar que las agencias de vientres de alquiler, a pesar de ser una práctica prohibida por la legislación española, operan con total impunidad en nuestro país. Es más, González tuvo acceso, en primera persona, al hacerse pasar por una cliente en una de estas agencias, a toda una serie de procesos de falsificación y gestiones irregulares —subvirtiendo las reglas establecidas en la Ley 14/2016, sobre técnicas de reproducción asistida—, así como respecto a opciones de financiación de los costes de la reproducción. Para ello, la abogada ya ha presentado en varias ocasiones ante la Fiscalía los documentos que dicha agencia le facilitó y un audio en el que ella se hace pasar por una posible interesada, para que se abra una investigación acorde a los indicios presentados.
Incoherencias entre la actividad real y la declarada
Además, González remarca en su denuncia las «incoherencias que existen entre las actividades llevadas a cabo por las agencias denunciadas y las ofertas de servicios y publicidad que facilitan a través de sus páginas web, con los objetos sociales de las mismas y que figuran en cada una de sus inscripciones en el Registro Mercantil».
Así es como este medio ha podido comprobar como cinco de las seis agencias denunciadas tienen inscrito en el Registro Mercantil actividades como «comercio mayor y menor en toda clase de productos duraderos», «importación, exportación, distribución y comercio de todo tipo de productos relacionados con el sector de la automoción», «organización y planificación de viajes» o «intermediación de alojamientos turísticos», entre otros.
Cónsules en el punto de mira
Además de las agencias investigadas por la abogada, la denuncia también incluye documentación para que se investigue a los Cónsules Generales de España residentes en todos aquellos países que han permitido la inscripción de menores nacidos por gestación subrogada «contraviniendo, a sabiendas, la legislación española».
Es por ello, por lo que en la misma denuncia también se insta a la Fiscalía a que inicie los trámites necesarios para lograr la anulación de la Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y Notariado, que permite la inscripción registral de los bebés nacidos mediante un vientre de alquiler, en los consulados de España en el extranjero, a través de un posible fraude de ley.
Así pues, desde L’Escola A.C. se espera que la voluntad expresa y pública de la exministra en contra de la explotación reproductiva de las mujeres, se traduzca en una respuesta afirmativa a las instancias que en la querella se le han presentado a la ahora Fiscal General. La asociación de González queda a la espera y se ofrece para resolver y participar en los procesos que sean necesarios para que la investigación sea efectiva y real. De momento, consideran que han aportado material suficiente como para abrir diligencias al respecto.
