La documentación sumarial que obra en poder de eltaquigrafo.com confirma que entre la documentación incautada hace un año por la UDEF en el marco de la operación "Estela", contra la corrupción en la Diputación de Barcelona, aparecieron informes, notas, apuntes y una "agenda de color rojo", con información delatadora de los planes a corto y medio plazo previstos por Puigdemont y su equipo para el proceso de desconexión, y para instalar los pilares de la República catalana.
Tal y como adelantó este medio, en mayo del año pasado el juez de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, inició una investigación sobre una presunta trama de malversación de fondos públicos en las subvenciones concedidas por la Diputación de Barcelona, entre 2012 y 2015, cuando el órgano municipalista estaba en manos del convergente, Salvador Esteve.
¡Sorpresa!
Esteve fue un de los 20 detenidos en el macro operativo que, bajo el nombre de operación "Estela", dirigió este juzgado barcelonés, el pasado día 24 de mayo de 2018. Aguirre y la UDEF buscaban 28 subvenciones presuntamente fraudulentas, la mayoría concedidas de una forma irregular a la fundación CATmón —dedicada a la internacionalización del procés—, a la empresa Discatimat y a la ONG Igman, todas ellas bajo la tutela de uno de los considerados miembros del núcleo duro de Puigdemont, el diputado de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases.
Este diputado y uno de los hombres de absoluta confianza del Oriol Pujol Ferrusola, Victor Terradellas, eran los considerados cerebros de la trama que, según las primeras estimaciones de Aguirre, podían superar los 2 millones de euros.
Pues bien, en el registro del despacho de de Dalmases, apareció la mencionada "agenda roja" y diversos informes cuya existencia, por su carácter "sensible y reservado" fueron de inmediato puestos en conocimiento del juez.
Según la documentación de que dispone este medio, la UDEF se incautó de informes como, por ejemplo, "Agenda roja conteniendo nombres de cargos de los cuerpos y fuerzas de seguridad y su posible adherencia política a la secesión de Catalunya".
Policías afines, riesgos militares y Kurdistán
Según el atestado policial remitido al juez el día 24 de mayo del 2018, en ese mismo registro, llevado a cabo en la sede de la fundación CATmón, en la calle Fonollar, número, 14, de Barcelona, apareció otro informe detallado "conteniendo instrucciones para utilizar o no la violencia en el proceso independentista". Así mismo, se recogió documentación perfectamente clasificada sobre "diversos aspectos militares, económicos y competenciales de una Catalunya independiente".
En ese informe policial, la UDEF hace primero una mención a un informe sobre "el Kurdistán iraquí y su analogía con la situación que padece Catalunya", que más tarde incorpora en su integridad.
El juez y "su Guardia Civil"
Transcurridos unos meses desde que se encontró esta documentación, ya no es la UDEF, sino la Guardia Civil, la que analiza estos datos "tan sensibles y reveladores".
El juez Aguirre, conocido en Barcelona por sus decisiones, a menudo imprevistas y desconcertantes, para sorpresa de la UDEF, le retiró el caso y se lo entregó a la Guardia Civil, en concreto, a la Unidad Orgánica de Policía Judicial, la misma reputada unidad que, hace unos años, investigó al propio Aguirre por supuesta corrupción.
Todos los guardias civiles imputados entonces por Aguirre fueron absueltos. Algunos, con honores, promocionados y condecorados. Pero, a pesar de la falta absoluta de pruebas contra los agentes y oficiales encausados, el juez llegó a hablar en sus círculos más próximos, empecinado, de montaje policial contra su investigación.
Aguirre, sin embargo, transcurrido el tiempo y los acontecimientos, parece haberse reconciliado con su pasado y es, efectivamente, la Guardia Civil la que está estudiando la documentación encontrada por la UDEF. Se trata de los mismos agentes que han investigado el "procés" a las órdenes del malogrado juez Ramírez, de la juez Lamela y de Llarena. Aguirre, ahora, ya es uno más.
