El pasado 4 de agosto se publicó en el BOE el registro oficial del Sindicato OTRAS (en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales), cuya resolución fue firmada por la Directora General de Trabajo, Concepción Pascual, a quién esta acción le costó su puesto de trabajo.
Así, mientras un sector de la prostitución celebraba el registro, asociaciones abolicionistas se empezaron a movilizar con tal de paralizar y anular, cuanto antes, la efectividad del registro de dicho sindicato. Cabe destacar, como confirmaron a eltaquigrafo.com miembros de la organización feminista l’Escola A.C, que las prostitutas que respaldaron esta propuesta fueron una minoría, pues aseguran que “ser prostituta no es una elección libre en más del 95% de los casos”. Opinión que desmienten miembros del colectivo OTRAS, quienes aseguran que la elección se volverá libre con un contrato y unos derechos efectivos.
Por su parte, l’Escola presentó a finales de agosto un recurso administrativo directamente contra el Ministerio de Trabajo para impugnar la inscripción del Sindicato y paralizar su actividad desde la raíz. A pesar de que la ministra de trabajo, Magdalena Valerio, reconoció que dicha inscripción había sido “un gol por la escuadra”, de momento no se ha emitido ninguna resolución y el procedimiento está paralizado hasta que haya sentencia firme sobe los estatutos del sindicato.
De hecho, Núria González, portavoz de la organización abolicionista, afirmó a este medio que lo único que recibieron del Ministerio fue su silencio. “Tenían la oportunidad de terminar con esto de raíz y prefirieron que fuesen los jueces quienes tomaran una decisión. Ahora nuestro proceso está paralizado.”, afirmó González.
Al mismo tiempo, la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla y la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres demandaron la nulidad de los estatutos del Sindicato ante la Audiencia Nacional de Madrid.
La Audiencia Nacional anuló los estatutos del sindicato de prostitutas
Así pues, en noviembre la Audiencia Nacional vetó las aspiraciones del Sindicato OTRAS, al considerar inadmisible que esa actividad sea objeto de contrato de trabajo válido y ha anulado sus estatutos.
El fallo explica también que aceptarlo sería “totalmente contrario al ordenamiento jurídico” porque daría carácter laboral a una relación contractual basada en algo ilegal; además, admitiría que el proxenetismo (que el Estado se ha comprometido a erradicar) es una actividad empresarial legal; se aceptaría también que los proxenetas tienen derecho a crear asociaciones patronales con las que negociar condiciones de trabajo y frente a las que se podrían adoptar medidas de conflicto colectivo.
En este sentido, Meritxell Cabezón, aboga especializada en género, y Núria González, portavoz de l’Escola y abogada especializada en DDHH, reafirmaron a este medio exactamente la misma idea. “Un sindicato conlleva inevitablemente la relación con una empresa. Si esta empresa y su empresario son el proxenetismo y el proxeneta estamos justificando un negocio que está penado en el Código Penal. Es la manera de lavarle la cara y legalizar, por la puerta de atrás, al proxenetismo”.
De todos modos, la decisión de la Audiencia fue recurrida por el sindicato OTRAS que está a la espera de celebrar un segundo juicio, ahora a manos del Tribunal Superior. Concha Borrell, líder del sindicato y una de las caras visibles del movimiento, aseguró en su día que había habido una presión política en la decisión de la Audiencia.Hoy en día, el sindicato sigue funcionando con normalidad, pues como no hay sentencia firme puede seguir con todas sus actividades.
OTRAS recibe subvenciones del Ayuntamiento de Ada Colau
Cuando Barcelona tuvo la opción de adherirse a la “Red de municipios libres de trata”, Colau no lo hizo. Y es sencillo de entender porqué: el gobierno de los Comunes está abiertamente a favor de la regulación de la prostitución y por eso subvenciona a el sindicato OTRAS y a las asociaciones mercantiles que se relacionan con dicho sindicato, como APROSEX. Y, aunque el Ayuntamiento ve como algo negativo e ilegal la trata de personas, entienden que no hay prostitución sin trata, ergo, era incoherente entrar a formar parte de la red de municipios libres de trata.
La activista abolicionista, Anna Prats, publica con regularidad a través de su cuenta de Twitter informes que demuestran que el Ayuntamiento subvenciona a este sindicato hasta con cifras que rozan los 5.000 euros.
Pero hay más, fuentes especializadas en el tema afirman que el proxenetismo es una actividad ilegal pero que no está perseguida. De hecho, en declaraciones a eltaquigrafo.com, fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato aseguran que hay zonas de Barcelona en las que la Guardia Urbana no tiene permiso de actuación por orden del Ayuntamiento, zonas que coinciden con la ubicación de burdeles y prostíbulos conocidos.
La última polémica que ha protagonizado el gobierno de Colau en este sentido es la autorización de la apertura de un macro local de striptease (Doll House Club) en La Rambla de Barcelona. La ubicación de este local no es casual, cerca de la zona residen dos de las mafias de prostitución más consolidadas de la ciudad, según fuentes de l’Escola. La alcaldesa de Barcelona retiró la concesión a un hotel de lujo y se la cedió al propietario del Doll House, conocido en el sector por haber tenido otros locales sin licencia y por denuncias por drogas, supuestamente, a los clientes.
Aunque, ciertamente, el local en el que se está el Dollhouse contaba anteriormente con una licencia previa de ‘peepshow’ o barra con exhibición sexual, por lo que es complicado que se le pueda retirar dicha licencia una vez ya abierto.
Los vecinos del barrio entienden que la apertura de este local no hace más que empeorar alvecindario y piden a la alcaldesa Ada Colau que tome medidas para evitar que sigan proliferando este tipo de negocios.
Reivindicación del Sindicato
Por su parte, el Sindicato OTRAS, junto con la asociación mercantil, APROSEX, compuesta prácticamente por los mismos miembros, reivindica su derecho a ejercer la prostitución libremente. Exigen tener unos derechos laborales para trabajar en plenas condiciones como trabajadoras sexuales, así como la normalización de su empleo.
Concha Borrell, portavoz del colectivo, afirma que muchas jóvenes trabajan forzadas porque no tienen un contrato. Cree que esta situación de trata de personas (de lo que se manifiestan en contra) cambiaría con el reconocimiento de los derechos de estas mujeres.
Este es, precisamente, el punto de conflicto con las representantes de l’Escola y otras agrupaciones abolicionistas como la Federación de Dones de Catalunya per la Igualtat, quienes creen firmemente que la situación de las mujeres prostituidas no mejoraría con un contrato, porque, según el colectivo, la trata es inevitable. Además, añaden, que de este modo se estaría etiquetando al proxeneta de empresario.
Por otro lado, Borrell, que también participa en el comité de la Huelga del 8 de marzo, insiste en que no se trata de que “este trabajo guste más o menos, sino en que se regule como tal para mejorar las necesidades de este colectivo”. En este sentido, a través de su cuenta de Twitter (@PaulaVip), la portavoz argumenta que será su misión atender a las mujeres que estén en peores condiciones.
El Gobierno de Sánchez aprueba el abolicionismo
A esta situación de tensión entre abolicionistas y reguladoras a las puertas de la huelga del 8 de marzo se le añade la última decisión del Gobierno español de aprobar la prohibición de la prostitución. Punto que crea tensión en la Cámara Baja, en el feminismo y entre el PSOE y Unidos Podemos.
El Gobierno aprovechó el primer Pleno del Congreso, tras la convocatoria de elecciones, para forzar una votación sobre la prohibición de la prostitución. El Congreso aprobó esta Proposición No de Ley, gracias al apoyo del PP, aunque el resto de los grupos parlamentarios ya le recriminaron que este no era el momento, ni mucho menos las formas.
