Los abogados de Rosell consideran que el empresario estuvo “en el punto de mira” de esta trama parapolicial para intentar frenar el independentismo catalán y creen que la causa que le mantuvo en prisión 21 meses fue fruto de un montaje
El Juzgado de Instrucción 13 de Madrid ha admitido a trámite una querella presentada por Sandro Rosell contra los tentáculos de lo que se conoció como ‘operación Catalunya’. El empresario catalán señala directamente en su denuncia a José Manuel Villarejo y a otros tres de sus secuaces: el inspector Antonio Giménez Raso, al agente de la UDEF Alberto Estévez y al enlace del FVB Marc L. Varri; a quienes acusa de los presuntos delitos de organización criminal, falsedad de funcionario en documento oficial, acusación y denuncia falsa, malversación de caudales públicos y detenciones ilegales.
Según ha adelantado La Vanguardia y ha podido contrastar esta redacción, la querella, firmada por el abogado Pau Molins, vincula la conocida ‘operación Catalunya’ – el entramado parapolicial que se diseñó con la voluntad de poner fin al proceso independentista – con la causa que mantuvo a Rosell dos años en prisión preventiva. Procedimiento que terminó con la absolución del expresidente del FC Barcelona, en lo que se considera uno de los unos más desproporcionados de la prisión preventiva en la historia moderna de España.
La querella parte del encuentro entre Villarejo y Sánchez-Camacho
Los abogados de Rosell consideran que el empresario estuvo “en el punto de mira” de esta trama parapolicial para intentar frenar el independentismo catalán. Lo ejemplifican con una reunión entre el comisario Villarejo y la entonces líder del PP catalán, Alícia Sánchez Camacho en noviembre de 2012.
En dicho encuentro la ahora senadora le hizo entrega al comisario de un listado de personas a investigar por su relación con el independentismo: en ella aparecía Rosell, que en ese momento hacía dos años que era presidente del F. C Barcelona. En el mismo listado, también había, entre otros, Artur Mas, Oriol Pujol y el exconseller de Economía, Jaume Giró.
Un trama inventada para poder señalar a Rosell
Según la querella, en enero de 2014 Villarejo conoce a un bloguero, José Luis Pérez, que gestionaba distintas webs en las que se publicaba información sin contrastar sobre Rosell. Más adelante, el comisario le pidió ayuda al enlace del FBI en la embajada de Estados Unidos, Marc L. Varri, para que analizase toda esa información, bajo el concepto “Asunto Rosell”. Y, casualmente, meses después, se inició una investigación prospectiva contra Sandro Rosell.
Por toda esta secuencia de hechos, y la involucración de este agente nortemaricano, Molins sostiene que “se habría acordado activar un supuesto requerimiento de información remitido desde Estados Unidos a España en relación con el denominado asunto 'Fifagate', de corrupción en el mundo del fútbol, que serviría como pretexto para iniciar una investigación policial” contra Rosell en España.
En base a este requerimiento, “se abrió en junio de 2015 una investigación prospectiva y secreta en la Fiscalía de la Audiencia Nacional”, por el cual Rosell fue juzgado y absuelto en 2019 tras 21 meses de prisión provisional.
La lucha de Rosell
De este modo, la defensa de Rosell mantiene que el procedimiento judicial que le mantuvo en prisión puede ser una consecuencia de este entramado parapolicial conocido como la ‘operación Catalunya’.
De hecho, en setiembre de 2022, Rosell ya presentó una querella contra el comisario jubilado, el ex jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas, y el controvertido agente del FBI para esclarecer si, como sospechan, el “Asunto Rosell” fue fruto de un montaje policial, cocinado en las ‘cloacas del estado’. La Audiencia Nacional rechazó incorporar la denuncia al ‘Caso Tándem’ que investiga los negocios privados del excomisario Villarejo cuando era funcionario policial,
Sin embargo, ahora, un juzgado de instrucción ordinario ha aceptado a trámite la denuncia, convirtiéndose en la segunda causa que se abre formalmente en contra de los tentáculos de la ‘operación Catalunya’. La primera fue contra Eugenio Pino, exjefe de la brigada política, condenado por intentar adulterar el caso Pujol.
De momento, no se señala a Alicia Sánchez Camacho
En su querella, los abogados de Rosell no se dirigen contra Sánchez Camacho, pero consideran que hay indicios que permitirían investigarla. Por lo que deja a criterio del juez instructor la decisión de dirigirse al Tribunal Supremo, órgano competente para investigarla al ser aforada.
