Sin previo aviso, el pasado viernes 17 de junio, la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), adscrita a las comarcas del Maresme, irrumpió en el colegio Iscat Maresme y en aplicación a una resolución de desamparo preventivo dictada por un Equipo de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, se llevaron a las menores E. A. y L. C. L. a un Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE)
La madre de las menores, Elena Lang, ejecutiva de una importante consultoría de Barcelona ha presentado una denuncia en el Juzgado de Guardia, atendiendo a los motivos y circunstancias que rodean este caso. Tanto Elena, como su marido y padre de las niñas, el banquero suizo, Thomas Lang, observan con perplejidad la situación que ha justificado la Generalitat para quitarles a sus hijas, especialmente después de que se les facilitara el documento de resolución que expone las causas de la actuación, ejecutada por la DGAIA.
Causas poco concretas
“Niñas tristes y angustiadas”. “Retrasos puntuales a la hora de llegar al colegio”, cierta dejadez en la indumentaria de las niñas o el hecho de que de forma recurrente éstas son recogidas por personas que no son sus padres, son algunas de las causas que han impulsado a la DGAIA a tomar esta decisión. Los progenitores, mientras se tramita la denuncia, exigen información sobre el paradero de sus hijas y sobre su estado de salud. Se da la circunstancia de que una de ellas sufre una intolerancia extrema al gluten y requiere de unas especiales atenciones médicas continuas. De hecho, fuentes de la familia han explicado que el matrimonio fijó hace años su residencia en Barcelona con el objetivo de que la niña fuera tratada de su enfermedad en la Ciudad Condal.
La familia no entiende nada
La DGAIA, por su parte, convocó para este miércoles 22 de junio una reunión explicativa con los padres, que anuló, según argumentaron, porque no disponían de dependencias libres para establecer dicho encuentro. Ante esta kafkiana respuesta, los padres, abatidos e incrédulos, exigen una respuesta de la Generalitat que, en ningún caso -dicen- les alertó sobre las supuestas irregularidades detectadas en las menores o que “dichas irregularidades” suponían una actuación de tal gravedad como para que las declarasen en situación de desamparo.
Paralelamente, el matrimonio ha presentado toda la documentación médica de la menor, que acredita la enorme preocupación que los progenitores tienen respecto a ellas, así como sus documentos laborales y administrativos que acreditan, a su vez, que se trata de una familia pudiente y centrada en la atención y cuidado de sus hijas menores.
Una mano negra
Los padres no entienden cómo se ha llegado a este punto y cómo y quién está detrás de la denuncia “falsa” -argumentan- que ha impulsado a la DGAIA a tomar esta decisión. De momento, los padres esperan que este organismo de Atención a la Infancia y a la Adolescencia mueva ficha y reclaman, ante todo, una explicación. La Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia ha manifestado a eltaquigrafo.com que el caso de estas menores se sigue estudiando.
