El pasado mes de noviembre el Parlament de Catalunya constituyó una comisión parlamentaria para debatir, conocer y auditar el actual modelo policial en el cuerpo de los Mossos d’Esquadra. Esta mesa de estudio, presidida por la CUP, nació con el objetivo de trabajar en varias propuestas para "transformar" dicho modelo, cuestionando varios ítems que generan un constante debate: las pelotas de foam y, en general, el modelo de orden público.
De este modo, por esta comisión, y como no podía ser de otro modo, han pasado los secretarios generales de todos los sindicatos policiales, así como de otras entidades. Su propósito: dar su opinión y exponer sus exigencias ante los distintos representantes políticos. Con opiniones más o menos similares, el discurso sindical se ha basado, por regla general, en garantizar la transparencia y en velar por la seguridad jurídica de los agentes. Dos conceptos, que el secretario general del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), David J. Mañas, expuso con todo lujo de detalles durante su intervención, el pasado viernes 15 de julio.
“Solo la transparencia nos hará mejorar”
La primera parte de la exposición de Mañas se centró en la transparencia. “Los primeros interesados en perseguir las malas praxis somos los policías” aseguró ante la comisión. Por eso, desde SPC consideran que es clave mejorar la transparencia “porque no tenemos nada que esconder”. Para ello, proponen incorporar cámaras de vídeo (tipo GoPro) en los chalecos de todos los agentes para poder tener la opción de revisar las actuaciones policiales que hayan generado sospechas.
“A veces nos encontramos con la difusión de vídeos editados, sesgados, recortados que solo muestran una parte interesada de los hechos. En contadas ocasiones contamos con la versión de los agentes, que, de entrada, muchos sectores ya identifican como culpables”. Esta medida, según el secretario general, mejoraría con creces las investigaciones y la tranquilidad de los agentes: “no puede ser que un policía, en el marco de sus funciones amparadas por la ley, tenga problemas con la justicia”.
“Los agentes están desprotegidos”
De este modo, ligaba con otro de los ítems que quiso destacar ante la comisión, que fue, precisamente: las carencias en relación a la seguridad jurídica de los agentes. “Los agentes no son inocentes hasta que se demuestra la contrario. Muchos sectores los señalan como culpables hasta que se demuestra lo contrario. Y esto no puede ser”. De ahí que las cámaras GoPro y las pistolas táser (que registran toda la actividad de la ejecución) sean dos piezas claves para mejorar el derecho a defensa de los mossos que se ven envueltos en actuaciones conflictivas o en procedimientos penales.
En relación con las táser, David Mañas explicó que son unas herramientas imprescindibles y que deberían estar al abasto de todas las patrullas y no solo del jefe de turno. Estas pistolas, además, registran todos los datos de su ejecución: los niveles de la descarga, la humedad del ambiente, el tiempo de ejecución… toda una serie de datos que facilitan, a su vez, la transparencia total de las actuaciones. “De hecho, solo siendo transparentes podemos mejorar” aseguró en su intervención.
Todo ello exige de una inversión económica
Todo ello implica una inversión económica por parte de las instituciones públicas, concretamente por parte de la Generalitat, de quien depende el cuerpo de los Mossos d’Esquadra. Una inversión que debería verse reflejada en los presupuestos y que, lamentablemente, indica SPC, no es así. “Si queremos una policía de proximidad, que esté al nivel de las exigencias sociales, se debe invertir en seguridad pública. En caso contrario, tendremos una policía low costy el principal perjudicado será la ciudadanía”.
Para el grupo sindical dirigido por Mañas, la inversión pública es clave para mejorar las carencias que presenta el actual modelo policial: más cámaras, más pistolas táser, formación continua, más protección jurídica… Medidas que para SPC o no están contempladas o no funcionan como deberían.
Sobre la violencia en la calle
Por último, el secretario de SPC también hizo referencia a ciertas medidas, vigentes en otras zonas del territorio nacional como es el País Vasco, en relación con los costes de los desperfectos ocasionados por grupos violentos y antisistema en manifestaciones. La solución que propuso fue que fueran los acusados de ocasionar estos daños en el mobiliario urbano, coches, motos, etc. quienes costeen los perjuicios ocasionados. De esta manera, estos “antisociales” se lo pensarían dos veces antes de quemar y arremeter voluntariamente contra contenedores y otros objetos de la vía pública.
