El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido cerrar la guardería para hijos de los trabajadores del Hospital Vall d'Hebron por una serie de problemas relacionados con la licencia. El consistorio de Ada Colau ha decretado este martes 6 de septiembre el cierre del espacio a la espera de que se solucione el problema administrativo. Al parecer, como investiga desde hace años la Guardia Civil, instruida por la Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, la guardería – que dirigía la delegada de UGT en el Hospital – opera desde hace 9 años sin licencia.
Según adelanta The Objetive, y ha podido contrastar eltaquigrafo.com, la titular de Instrucción 9 de Barcelona ha imputado a una docena de funcionarios y exfuncionarios del consistorio y la Generalitat, así como a la delegada de UGT y su marido, inspector de la Policía Nacional, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y blanqueo de capitales.
Subvenciones a pesar de no tener licencia
De este modo, desde primera hora de este martes, medio centenar de familias se han quedado sin este servicio de guardería, que llevaba operativo desde hace décadas. No obstante, la investigación judicial, liderada por Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Barcelona, tiene indicios de que este servicio del Hospital ha estado operando de forma irregular al menos entre los años 2013 y 2019.
Se trata de una investigación compleja, con varias líneas de investigación abiertas: una de ellas se centra en las ayudas y subvenciones otorgadas por el Distrito de Horta-Guinardó a la guardería: dinero público que, según la Guardia Civil, el Ayuntamiento concedió a pesar de conocer que se encontraba en situación de ilegalidad, al no tener la licencia vigente.
Además, según las conclusiones de la Guardia Civil, a través del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y la dirección del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, la Generalitat de Catalunya costeó con recursos públicos al menos 60 obras o intervenciones de mantenimiento y reparación en la guardería clandestina. La Guardia Civil considera que, pese a haber tenido «conocimiento de esta circunstancia», la docena de funcionarios imputados habrían incumplido la normativa vigente.
La delegada de UGT, el Ayuntamiento y la Generalitat era conscientes de la situación irregular, aseguran fuentes de la Benemérita. Por eso, consideran que solo deberían haber procedido al cierre de la escuela infantil sino que, además, deberían haber incoado un expediente de sanción e impuesto una multa de entre 6.000 y 20.000 euros a la asociación que preside la delegada de UGT en el Vall d’Hebron por no contar con las licencias oportunas y haber continuado su actividad pese a ser advertida de que incumplía la ley.
Uso fraudulento del servicio
Sin embargo, toda esta trama se origina a raíz de una investigación centrada en la delegada de UGT en el Hospital, encargada de coordinar dicha controvertida guardería desde 2013. Según la Guardia Civil, y a raíz de una denuncia inicial del sindicato CSIF, existen indicios que demostrarían el uso fraudulento de la guardería del Vall d’Hebron para el blanqueo de capitales. Los investigadores del Instituto Armado también creen que la delegada, con ayuda de su marido, utilizó de forma fraudulenta los recursos públicos del hospital, así como los créditos sindicales. Sospechan que emitió facturas falsas y pagos en “B” por trabajos de mantenimiento y obras que habrían sido realizadas en la guardería por personal laboral del hospital, que cobraban del erario público, durante su horario de trabajo.
Esta causa, además, habría servido para señalar a otros delegados y responsables de UGT a nivel autonómico en Catalunya, que también estarían implicados en las presuntas corruptelas en el seno de la guardería del Vall d’Hebron.
