Las investigaciones comenzaron a mediados del pasado año cuando los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) recibieron 18 denuncias sobre la presunta comisión de delitos contra la Seguridad Social en Cataluña.
Los agentes han investigado a un total de 36 personas como presuntos autores de delitos contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución, fraude a la Seguridad Social y grupo criminal. Gracias a ello, se ha descubierto que se había generado un fraude a la Seguridad Social por valor de 18.182.092,59 euros.
Sociedad a nombre de una menor de 3 años
Según informa el cuerpo policial en un comunicado, los inculpados, detenidos en Granada, crearon grupos fraudulentos de empresas y sucesiones empresariales opacas, con las que transferían las ganancias de las empresas deudoras a sociedades patrimoniales, ocultando su verdadero balance económico.
En uno de los casos, la sociedad investigada nació con la idea de ser un instrumento para el delito, y para tal fin ocultaron al dueño real de la sociedad poniéndola a nombre de la hija del cabecilla de la trama, de tres años, con la connivencia de su expareja. Además, el principal investigado puso como testaferro a su hermana mientras que él mismo se atribuyó el poder general de actuación de la empresa para hacer y deshacer a su antojo, siendo reconocido por los trabajadores como su jefe.
Según ha confirmado la Policía Nacional a eltaquigrafo.com, los familiares implicados no tenían conocimiento de la trama delictiva que pesaba a su nombre.
El impago sistemático a la Seguridad Social ha supuesto que la empresa haya utilizado este fraude como una herramienta de gestión empresarial, reduciendo costes frente a competidores del sector. Con este fin, la sociedad contrataba a sus empleados con un alta del 50% de jornada, o bien, sin darles de alta en la Seguridad Social por un sueldo que rondaba los 800 euros obligándoles a realizar portes durante jornadas maratonianas de hasta 12 y 14 horas.
Entramado societario no transparente
El entramado, que utilizaba mecanismos para evitar ser embargados por la Seguridad Social, tenía ramificaciones en siete provincias, por lo que los investigadores siguieron la pista de los autores desde Barcelona hasta Granada, donde fueron detenidas 26 personas y otras 10 siguen investigándose.
Con todo, los agentes han detectado un total de 17 sociedades implicadas-13 de ellas deudoras y cuatro patrimoniales donde ocultaban sus beneficios-, la mayoría de ellas dedicadas al transporte de mercancías.
