La Policía Nacional ha detenido a una veintena de personas implicadas presuntamente en una organización de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La operación se ha saldado con la liberación de catorce mujeres obligadas a ejercer la prostitución en locales de Murcia, Alicante, Almería y Valencia. Además, la red había creado un sistema de multas mediante el cual las mujeres eran penalizadas cada vez que solicitaban descansar, ausentarse por enfermedad o ducharse después de un servicio.
Los agentes han llevado a término doce registros en los que se ha intervenido una cantidad de 90.000 euros en efectivo además de vehículos de alta gama, armas de fuego y varios tipos de droga preparada para su venta.
Los catorce detenidos, de los cuales nueve ya han ingresado en prisión, obligaban presuntamente a las víctimas a prostituirse en jornadas de doce horas al día y establecían multas de entre 60 y 200 euros si las mujeres incumplían estos horarios por algún motivo. Además, los investigadores han constatado que los responsables de los clubes llegaban a denegarles asistencia sanitaria a las víctimas en caso de enfermedad y a imponerles una multa de hasta 400 euros. Consecuentemente, algunas mujeres habían acumulado una supuesta deuda con la organización de más de 4.000 euros. Las mujeres eran amenazadas con infligirles daños físicos a ellas o a sus familiares si no abonaban la deuda contraída.
Además, para que las víctimas pudiesen soportar los extenuantes horarios, la red las obligaba a consumir sustancias estupefacientes. Los miembros de la organización criminal ejercían una estrecha vigilancia sobre las mujeres y se apoderaban de gran parte del dinero ganado con los servicios sexuales.
A los investigados se les imputan los presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, tráfico de drogas, delitos contra el derecho de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración irregular, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La operación ha culminado con el cierre cautelar de seis establecimientos. Los locales en los que se llevaba a cabo el presunto delito de explotación sexual, sorprendentemente, continuaban manteniendo su actividad, al margen de la ley en plena crisis sanitaria, poniendo en riesgo tanto la salud de las mujeres, víctimas de la trata, como de los clientes que contrataban sus servicios.
