Ocurría en 1983, en un centro hospitalario de Guipúzcoa, cuyo nombre, por razones que tienen que ver con el proceso judicial en marcha, no podemos dar. Uno de los responsables de dicho centro durante los hechos investigados, en calidad de testigo, reconocía en 2012, y en sede de la Fiscalía de Guipúzcoa, irregularidades en las adopciones de algunos recién nacidos.
El testigo, quien por las mismas razones judiciales deberá permanecer en el anonimato, declaró ante la Fiscalía que, en 1983, tuvo conocimiento de que algunos bebés dados en adopción en el hospital donde él trabajaba no llegaban al centro Fraisoro, en Guipúzcoa, tal y como era costumbre en esa época. De estas irregularidades, reconoce que lo alertó el diputado de Bienestar Social del momento.
Un caso confirmó las sospechas
Sorprendido por la falta de protocolo en estos procesos de adopción —pues cuando una madre daba en adopción a su bebé, el proceso firmado era el de trasladar dichos bebés al centro Fraisoro—, el testigo puso la alarma y esperó a que se produjera el siguiente caso, para esclarecer qué estaba sucediendo y quién andaba tras estas prácticas irregulares.
Cuando éste se sucedió, el testigo fue a visitar a la madre que había dado a su bebé en adopción y constató, con fuentes del centro Fraisoro, que el recién nacido no había llegado. Investigando, descubrió que la responsable del traslado de los bebés era una religiosa de la Comunidad de las Hermanas de la Consolación, que trabajaba como enfermera en el paritorio del hospital. Además, pudo encontrar documentación en la que se demostraba que la religiosa había entregado la criatura a una familia que no constaba en el centro Fraisoro. En dicha operación, también participó un abogado de Madrid, cuyo nombre no recuerda.
Trasladó a la mujer de unidad
La religiosa, tras ser descubierta por el testigo, quien ostentaba un cargo de responsabilidad durante los años investigados, pidió el traslado de la mujer a otra unidad del hospital, pues las Hermanas de la Consolación eran una comunidad que residía en el mismo hospital.
La monja, por su mala praxis en los procesos de adopción de bebés, fue trasladada a la unidad de Metabolopatías. Tras el incidente, las monjas decidieron abandonar el centro hospitalario.
Otro incidente sospechoso
El testigo hizo constar, en la misma declaración, que un año más tarde, en 1984, se produjo otro incidente que le hizo sospechar que se estaban llevando prácticas irregulares en relación con los fetos fallecidos que se entregaban a los progenitores para su entierro.
En esa ocasión, la trabajadora social del hospital le informó que había un matrimonio que solicitaba llevarse el cadáver de un bebé que había nacido muerto. Normalmente, explicaba el testigo, cuando el feto tenía más de 20 semanas, podía entregarse a los padres y, en caso contrario, se incineraba. El problema fue que, por un error del personal del hospital, el feto en cuestión ya había sido incinerado.
Para contentar a los progenitores, la asistenta le propuso al declarante entregar a los padres otro feto procedente del servicio de anatomía patológica, ya que en ese servicio se guardaban los fetos en formol, para investigaciones médicas. El declarante, obviamente, se opuso a esto, por lo que informaron a ambos padres de lo que había ocurrido. Aun así, el declarante sospecha, a raíz de este incidente, que ciertos trabajadores del hospital podrían haber tenido «una cultura» de intercambiar fetos.
