Cuando en 2010 se destaparon los primeros casos de robo de bebés en España – desde la época del franquismo hasta pasada la entrada de la democracia – la provincia de Cádiz y, en concreto, la población de la Línea de la Concepción se convirtió en uno de los puntos más calientes de dicha trama.
De hecho, la Fiscalía provincial de Algeciras, según cuenta una de las madres víctima, María Bueno, llegó a investigar hasta 70 presuntos casos y en muchos de ellos figuraba el mismo ginecólogo. El mismo ginecólogo que atendió a María y a la madre de Flor Díaz, Adela Carrasco, con 14 años de diferencia, ambas vecinas de la Línea.
Sin embargo, sus casos llevan años estancados a la espera de juicio, pasando de la Fiscalía a los Juzgados de Instrucción sin avance alguno.
María Bueno, que además de víctima es presidenta de la asociación ALUMBRA, Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados en Andalucía, miembro fundador y presidenta de la Federación Nacional de Víctimas por el Robo de Bebés en España y fundadora de la Plataforma Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles “Te Estamos Buscando”, explicó a eltaquigrafo.com que la Fiscalía General del Estado generalizó un criterio en relación con estos casos, entendiendo que los delitos habían prescrito. Es por eso, por lo que los casos están estancados y no hay investigación de oficio ni por parte de las fiscalías provinciales, ni de los juzgados de instrucción.
Fallecido antes de nacer
María Bueno ha destinado esta última década en investigar lo que sucedió durante su primer parto en 1981. Se ha convertido en una referencia para los cientos de víctimas que existen en nuestro país y luchan a diario para destapar y hacer justicia.
María se topó con su historia 30 años después de haber dado a luz como madre soltera en el hospital municipal de La Línea de la Concepción, gestionado entonces por las Hermanas de la Caridad, una congregación religiosa.
Un día antes de que empezara su pesadilla, el 23 de diciembre de 1981, fue a visitar a su ginecólogo, de titularidad privada, por unas molestias. Su embarazo había ido bien y cumplía el término en escasos días. El médico, tras explorarla con un estetoscopio (en esa época no tenían ecógrafo en las consultas), le dijo que su criatura había fallecido y que ella corría un grave peligro.
Extrañamente, aunque en ese momento no lo pensó, a pesar del riesgo de muerte que presuntamente corría esperó a la mañana siguiente para ingresarla y no en la Residencia de la Seguridad Social, sino en el hospital municipal –que alternaba la beneficencia con lo privado– y en una habitación privada sólo para ella, habitación que jamás le cobraron.
María apenas recuerda nada de esos días, el shock que vivió después le hizo borrar parte de sus recuerdos. Todo lo que consigue memorizar es gracias al testimonio de su hermana y su madre, quienes lo vivieron todo con ella.
Era un 24 de diciembre. Subió a planta, tras ser ingresada, y el doctor junto con un par de monjas, trataron de romperle la bolsa de aguas durante todo el día. Con los años y tras otros embarazos, descubrió que ella en ese momento no estaba de parto. Que se lo provocaron porque así les convenía.
Tras una mañana de auténtica tortura, la bajaron a la sala de partos, donde la memoria de María se desvanece por completo por los sedantes que le infiltraron. No le hicieron cesárea y su bebé, presuntamente fallecido, nació de forma natural. Ella, sin embargo, no lo ayudó.
Como pasa en estos casos, bajo una metodología muy estudiada, el hospital de hizo cargo de todo. A María le dieron un certificado de defunción y estuvo más de seis meses muda, sin pronunciar palabra. Buscando los motivos por los que había tenido que ser ella, quien viviese tal desgracia. Supuestamente, la niña fue enterrada en el cementerio de La Línea al día siguiente.
Sin rastro de su parto
Años después de aquel traumático episodio, y tras enterarse por la prensa de los numerosos casos de bebés robados en La Línea, en muchos de los cuales figura su mismo ginecólogo, empezó a investigar su caso. Fue entonces cuando descubrió que su bebé jamás entró en el cementerio de dicho municipio. Pidió documentación y de los siete posibles documentos que podrían acreditar su paso por el hospital el diciembre de 1987, solo halló uno y con irregularidades.
No hay registro en los archivos del hospital de su ingreso ni del nacimiento de la niña y en Libro de Registro de Partos del hospital hay partos hasta el año 1983, pero el de ella no figura anotado. En el certificado conseguido en el Registro Civil, después de esperar cuatro meses y de pelear para que se lo entregaran, constan datos falsos de la fecha del parto y del tiempo de gestación, indicando que se trata de un feto de siete meses cuando en realidad fue un embarazo a término, de nueve meses.
Después de denunciar ante Fiscalía los hechos en el año 2010 su caso sigue en la vía judicial, en una causa conjunta que aglutina decenas de casos de la zona del Campo de Gibraltar. María ahora, tras una década investigando, puede acreditar con documentos públicos que su hijo desapareció forzosamente.
En memoria de Adela Carrasco
Flor Díaz Carrasco lleva años luchando por defender la causa de los bebés robados. Su madre, Adela Carrasco, fue víctima de esta trama y su hermano, presuntamente, fue un bebé desaparecido forzosamente. Flor cuenta como cada año acompañaba a su madre al cementerio de La Línea de La Concepción, en Cádiz, para poner unas flores en el nicho donde estaba enterrado su hermano recién nacido.
Cuando Adela murió, quisieron enterrarla en el mismo nicho con los restos de su hermano y una lápida con los datos de ambos. Fue entonces cuando descubrieron que el bebé no había sido enterrado allí, que no constaba ningún dato en el registro del cementerio. Siguieron buscando información y cada vez encontraban más irregularidades: en el Registro Civil no constaba ningún certificado de defunción. Sí hallaron el parte médico del parto, pero también constaban irregularidades.
Aquel 5 de noviembre de 1967 – 14 años antes del caso de María – el mismo ginecólogo le dijo a Adela, en el Hospital Municipal de La Línea, que su bebé había nacido muerto. Pero, como pasa en este tipo de casos, no le dejaron ver el supuesto cadáver a pesar de que ella insistió. La abuela de la criatura, suegra de Adela, insistió y finalmente le mostraron el cadáver de un bebé con el que se hizo una fotografía. “Era mucho más grande que un recién nacido", recuerda Flor en nombre de su abuela.
Nacido, pero no consta su muerte
«A mi madre no le gustaba hablar de aquello, siempre cambiaba de tema. Cuando murió y la quisimos enterrar con los huesos de mi hermano nos dijeron que allí no constaba ningún enterramiento a su nombre. Le dijimos al responsable que era imposible, pero nos aseguró que todo lo que entraba se registraba: “tu hermano nunca ha estado aquí”, nos espetó». Fue entonces cuando ella y sus hermanos comenzaron a investigar y a recordar aquellas respuestas de su madre cuando le pedían ir al cementerio. «Nos decía que allí no había nada, como si ella supiera o intuyera algo», explica Flor.
En el Archivo municipal de La Línea, que es donde se almacena parte de la documentación del antiguo hospital municipal, le facilitaron la hoja de ingreso y parto de su madre: «esa hoja indica que mi hermano nació, pero no hay constancia de que muriera, ya que no aparece el legajo de aborto». El legajo de aborto acredita el fallecimiento de un bebé si vive menos de 24 horas fuera del vientre materno, ya que en caso contrario habría una partida de nacimiento y otra de defunción. En el Registro Civil de La Línea le han asegurado que no han podido localizado los legajos de 1967, año en que nació su hermano.
«Es lo más importante, que te escuchen, dejar de ser invisibles, porque aquí es como si no hubiera pasado nada. España está negando justicia y derechos humanos. Somos víctimas de crímenes de Estado y es el Estado el que debería buscar a nuestros familiares», afirma con rotundidad Flor, que termina diciendo: «Mi hermano fue un bebé robado y voy a seguir buscándole hasta que se haga justicia».
Incansable investigación
María y Flor llevan años investigando por su cuenta, como muchas otras familias, ante los nulos resultados judiciales obtenidos en España. Ellas pueden acreditar que sus bebés desaparecieron y están dispuestas a llegar hasta el final, para hacer justicia.
Ellas consideran que son madres olvidadas. Además, han luchado y luchan a diario para formar parte de las leyes de memoria histórica de las distintas comunidades autónomas, así como, para cambiar la prescripción de un delito que no debería prescribir jamás, y mucho menos pasados 15 años de que los bebés ilegalmente adoptados cumplen la mayoría de edad, pues muchos de ellos se enteran mucho más tarde o, incluso, mueren sin saber que son bebés robados.
