Ya no hay duda. Detrás de la investigación por un presunto y nada aclarado caso de supuesta corrupción policial que afectó a policías nacionales, guardias civiles y Mossos d'Esquadra en Catalunya, se encuentran oscuros intereses alejados de aquellas diligencias judiciales.
El excomisario Villarejo se reunió a primera hora de la mañana del día 1 de octubre de 2013 con su entonces amigo, el comisario jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas, en una cafetería de Madrid. El “caso Macedonia” ya tenía por entonces tres años de vida. Villarejo, como era habitual en él, grabó la conversación. En ella, ambos mandos policiales dialogan sobre diversos asuntos hasta que Martín Blas pone sobre la mesa el “caso Macedonia”, unas diligencias que se iniciaron en 2010 y que, al cierre de esta información, están pendientes de sentencia.
El fiscal poco a poco se largó
Habían pasado tres años desde que el juez de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, inició esta causa y la Fiscalía, viendo su deriva, poco a poco, le fue dejando de lado. Eso llevó al juez a abrir la puerta como acusación popular al polémico y ultraderechista sindicato “Manos Limpias”.
Lo que el juez inició como una cruzada contra no se sabe quién, se estaba transformando en un cúmulo de diligencias deslavazadas, sin base indiciaria, muy alejadas del inicial sentido con el que había iniciado la instrucción a tenor de lo que se ha acabado viendo en el juicio.
El fiscal, otrora servil y cómplice, se alejaba del juez. También lo hicieron unos tras otros los cuerpos policiales. Aguirre utilizó indistintamente a Policía, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra para intentar llegar a construir una realidad jurídica y criminal que nadie pudo sostener en su totalidad para contrariedad y enfado del magistrado.
En manos de las cloacas
Así, Aguirre se puso en manos del DAO (Eugenio Pino) y del comisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, dos destacados componentes de lo que se conoce como “policía patriótica”, nacida en eso que se ha dado a llamar “las cloacas del Estado”.
Aguirre quería que lo que él imaginaba se transformase en realidad: un contubernio de policías, guardias civiles, Mossos d’Esquadra, periodistas, narcotraficantes, confidentes, etc., todos unidos por su pertenencia en una macroestructura de corrupción como jamás se había visto e investigado en este país.
La policía patriótica quería un juez proclive y maleable, a quien utilizar en la ya iniciada guerra contra el incipiente proceso independentista catalán que por entonces, en 2013, ya había dado signos inequívocos.
El hambre y las ganas de comer
Así, tal y como se desprende de la conversación de la que este medio está dando cuenta, el juez le propone a Martín Blas la ejecución de unas diligencias de investigación que el propio comisario califica de “imposibles” pero, llevarlas a cabo, era el precio que se tenía de pagar para que, como verbaliza Villarejo, el juez “siga atacando” a los Mossos d’Esquadra. Cosa que objetivo prioritario de la policía patriótica.
Aguirre monta con la anuencia a Martín Blas una diligencia de personación en la sede central de los Mossos d’Esquadra en Sabadell (Barcelona) para hacerse con todas las grabaciones que, inicialmente, la policía de la Generalitat había efectuado sobre el “caso Macedonia”.
El juez instructor de Barcelona pensaba que los Mossos le mentían, le habían dado una información sesgada y que directamente los agentes al mando, en concreto el entonces comisario, Josep Lluís Trapero, (su verdadera obsesión) le omitieron información.
Grabación delatadora
En la mencionada conversación, ambos mandos dicen que el juez Aguirre “está como un cencerro” y Martín Blas además añade y reconoce que en base al acuerdo alcanzado, tuvo que llevar a cabo diligencias sin sentido y sin base jurídica, ni apoyo en indicios o sospecha alguna como fue la personación de efectivos de Asuntos Internos en la sede de Sabadell de los Mossos para hacerse con todas las grabaciones del caso.
Como se puede escuchar en el fragmento anterior, Aguirre había ordenado meses antes la entrada y registro en la sede de la joyería Rabat de Barcelona, ante la sospecha de que allí, en esa joyería de lujo, se pagaban mordidas a delincuentes policiales corruptos.
Martín Blas se refiere a ellos y reconoce que cuando obtuvieron del joyero la lista de los clientes sospechosos aparecieron diversos mandos “amigos” de la Policía Nacional. Martin Blas dice que con inequívoca vocación de protegerlos, habló de ello y de ellos con el propio juez
Efectivamente, ambos mandos policiales insisten en que el objetivo es “darle a los mossos” y por ello el propio Villarejo le dice a Martín Blas que tiene que acatar las ordenes estentóreas del juez, porque “hay que decirle que si para que siga jodiendo a los mossos”.
El juez Aguirre investigó a decenas de policías, guardias civiles, Mossos d´Esquadra. A todos los imputaba por corrupción policial. Tras lo visto en el juicio por el “caso Macedonia”, ahora pendiente de sentencia, Aguirre se prevaleció de su condición de juez para abusar de prerrogativas y de poder cara llevar a cabo trámites procesales alejados de un proceso garantías.
Aguirre es el actual juez del caso Volhov contra el independentismo catalán. En este asunto el fiscal no ha presentado ni una sola acusación y ha dejado solo al juez quien se ha tenido que apoyar en la acusación popular de Vox.
