Poco podía imaginar la CUP, que la denuncia que presentó en 2016 ante la Oficina Antifraude de Catalunya por presuntas corruptelas en la Diputación de Barcelona, iba a acabar revelando la existencia de una nueva libreta y de nuevos informes de trabajo que demuestran los movimientos que el equipo del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, estaba realizando para establecer la pautas, calendarios y estrategias en el proceso de desconexión. Poco podía imaginar el juez al que, a través de la Fiscalía, fue a parar esa denuncia, que la línea de investigación que al respecto lideraría (inicialmente) la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en la llamada, operación 'Estela', iba a ser el germen de toda una suerte de piezas separadas de investigaciones sobre un macroentramado relativo a la financiación del procés que ha dado lugar a lo que algunos llaman ya 'operación procés 2'.
Este miércoles, nos despertábamos con la noticia de la detención de icónicos personajes del independentismo político y empresarial del país: David Madí, estrecho amigo y colaborador del expresidente de la Generalitat, Artur Mas; Xavier Vendrell, exconseller de Governació; Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; Oriol Soler, empresario e ideólogo, según algunos medios, de eso que se ha dado en llamar Tusnami Democràtic. También ha sido detenido Xavier Vinyals, presidente de la Plataforma Proselecciones Deportivas Catalanas.
El juez inició la investigación sobre la posible malversación de fondos públicos en las subvenciones concedidas por la Diputación de Barcelona, entre 2012 y 2015, cuando dicha institución estaba en manos del convergente, Salvador Esteve.
Buscaban plata y salió oro
Esteve fue un de los 20 detenidos en la macrooperación 'Estela', que dirigió el juzgado barcelonés el pasado, 24 de mayo de 2018. Aguirre y la UDEF buscaban 28 subvenciones fraudulentas, la mayoría concedidas de forma supuestamente irregular a la fundación CATmón —dedicada a la internacionalización del procés—, la empresa Discatimat y la ONG Igman, todas ellas bajo la tutela de uno de los considerados miembros del núcleo duro de Puigdemont, el diputado de Junts per Catalunya (JxCat), Francesc de Dalmases.
Este diputado y uno de los hombres de absoluta confianza del Oriol Pujol Ferrulosa, Víctor Terradellas, eran los considerados cerebros de la trama que, según las primeras estimaciones de Aguirre, podría superar los dos millones de euros.
Agenda sorpresa
Pero, poco a poco, la bola en manos del juez se va haciendo mas grande.
Según adelantó hace meses el eltaquigrafo.com, a las 16 horas y 50 minutos del día, 24 de mayo de 2018, un miembro de la UDEF central compareció ante el juez, Aguirre, para informarle de un importante y llamativo hallazgo durante uno de los registros ordenados: «Una agenda roja» con información extremadamente reservada y diversos informes que Francesc de Dalmases guardaba en su despacho, y que, de forma inequívoca, apuntaban a algunos de los movimientos, estudios y propuestas de actuación en el proceso de desconexión de Catalunya del resto del Estado, y para apuntalar las estructuras del nuevo estado catalán.
La comparecencia se produjo pocos minutos después del registro que la Policía había efectuado en unas oficinas situadas en la calle Fonollar, 14, de Barcelona, donde se encuentra la sede de la fundación CATmón, una dirección que casualmente coincide con la sede de la ONG Igman y de la empresa Discatimat, tres entidades en el inicial punto de mira de la investigación sumarial.
El juez usa y aparta a la Policía
Para sorpresa de la UDEF, poco después de que el juez tuviera conocimiento de estos datos, decidió retirar a la Policía de la investigación y remitir toda la operación 'Estela' a los agentes de policía judicial de la Guardia Civil. Aunque nadie ha confirmado o desmentido si, en el fondo, existe una relación de causa-efecto entre una cosa y otra, lo cierto es que la Guardia Civil ha sido el cuerpo encargado de la investigación de las macrocausas del procés.
La información que le iba llegando al juez era golosa e incesante.
Según la documentación de que dispone este medio, la UDEF se incautó de informes como, por ejemplo, «Agenda roja conteniendo nombres de cargos de los cuerpos y fuerzas de seguridad y su posible adherencia política a la secesión de Catalunya».
Policías afines, riesgos militares y Kurdistán
Según el atestado policial remitido al juez el día, 24 de mayo de 2018, en ese mismo registro, llevado a cabo en la sede de la fundación CATmón, en la calle Fonollar, número, 14, de Barcelona, apareció otro informe detallado «conteniendo instrucciones para utilizar o no la violencia en el proceso independentista». Así mismo, se recogió documentación perfectamente clasificada sobre «diversos aspectos militares, económicos y competenciales de una Catalunya independiente».
En ese informe policial, la UDEF hace primero una mención a un informe sobre «el Kurdistán iraquí y su analogía con la situación que padece Catalunya», que más tarde incorpora en su integridad.
Aguirre se frotaba las manos. Con éstas y otras informaciones acumuladas, el juez ha intervenido durante meses decenas de teléfonos y sometido a los sospechosos y a los que vendrían a estrechos seguimientos, incluso en el extranjero. Todo ello, nos lleva a esta macrooperación que, según las fuentes consultadas, ya tenía que haberse realizado antes del verano, pero la indisposición del juez, al ser persona de riesgo por el coronavirus, lo ha pospuestos a este mes de octubre.
Aguirre tiene munición. Y espera que, de las declaraciones de los detenidos e investigados, se aten cabos. Dicen fuentes próximas a la investigación judicial, que su objetivo no es otro que Puigdemont. El tiempo dirá si dispone o no de combustible para conseguirlo.
