El socialista y subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana hasta el día de su detención, Rafael Rubio, y el exvicealcalde de València, el popular Alfonso Grau, han ingresado en prisión incondicional por orden de la jueza que investiga el caso Azud, una trama de corrupción urbanística en el ayuntamiento de Valencia.

Junto a Grau y Rubio han ingresado también en prisión tres empresarios: Joaquín P.R., Jaime F.F., y Mónica M.G., como presuntos implicados en la red de corrupción, según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCM). 

Los trece detenidos de esta segunda fase de la Operación Azud pasaron a disposición judicial el sábado y la jueza que instruye el caso decretó la entrada en prisión incondicional, comunicada y sin fianza, de cinco de los arrestados. La decisión responde a la solicitud del fiscal Anticorrupción y se trata de una medida excepcional que se ha adoptado para evitar la destrucción de pruebas, el riesgo de fuga o una supuesta continuidad delictiva. 

En libertad con cargos

Los otros ocho arrestados en el marco de la Operación Azud han quedado en libertad provisional con medidas cautelares como la prohibición de abandonar el territorio nacional con la consiguiente retirada del pasaporte, para evitar una posible huida al extranjero, así como la obligación de comparecer semanalmente en los juzgados. 

Entre los imputados que han salido en libertad están José Luis Vera, jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, una de las hijas de Grau que fue detenida el jueves junto a su padre, el empresario Federico Ferrando, los tres arrestados en Tomelloso (Ciudad Real) y el detenido en Alicante. También han salido en libertad los populares Francisco Doménech, el que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Xixona en 2005, y Rosa Verdú Ramos, alcaldesa del municipio de l’Alacantí en aquel mismo año, para la que se ha decretado libertad con cargos por su delicado estado de salud. 

La causa se encuentra bajo secreto de sumario y se investiga el posible cobro de “mordidas” a cambio de licencias para operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de la Comunidad Valenciana y en diversas entidades públicas tanto locales como estatales.