La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado este viernes suspender de manera cautelarísima —de urgencia y sin escuchar a las partes—, solicitada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que retiró a Torra la credencial como diputado autonómico. El alto tribunal considera que no existe una razón de urgencia que aconseje suspender en 48 horas el acuerdo de la administración electoral antes del resolver sobre el fondo de la cuestión.
Así pues, el Alto Tribunal rechaza la petición de medida cautelarísima solicitada por Torra al no apreciar las razones de especial urgencia que se requieren para una suspensión de ese tipo, que se hace sin escuchar a la administración cuyo acuerdo se recurre, en este caso, la Junta Electoral Central ni al Ministerio Fiscal. El Tribunal deberá ahora decidir, en el plazo de cinco días y preguntando a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, si suspende de manera cautelar la decisión de la Junta Electoral, informan fuentes jurídicas. La autoridad electoral acordó en una ajustada votación de siete contra seis retirar a Quim Torra la credencial como diputado autonómico por la sentencia que le condenó el pasado diciembre a un año y medio de inhabilitación por desobediencia y que todavía no es firme.
Y, aunque algunas fuentes aseguraban que dicha decisión cesaría de manera inmediata a Torra de presidencia, el artículo 67.2 del Estatuto de autonomía catalán establece que el presidente de la Generalitat «es elegido por el Parlamento de entre sus miembros», pero no especifica que tenga que mantener la condición de diputado autonómico durante su mandato como jefe del Ejecutivo.
La sentencia del TSJC todavía no es firme
Una vez que la Sala ha rechazado la medida solicitada por Torra, ahora es el turno del Parlament para decidir si le inhabilita como presidente de la Generalitat, ya que la Junta sólo actuó contra su cargo de diputado. No obstante, el tribunal puede ahora revisar nuevas medidas cautelares, una vez de traslado a las partes y se hagan nuevas alegaciones. Y esto es solo para la paralización del acuerdo, porque los magistrados todavía tienen pendiente entrar a deliberar sobre el fondo del asunto y decidir si Torra debió ser inhabilitado a pesar de que no pesa sobre él una sentencia firme.
Y es que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condenó a Torra por inhabilitación ha sido recurrida por Torra y está pendiente de ser confirmada —o no— por la Sala de lo Penal del Supremo. Podría darse la posibilidad de que Torra fuera apartado del cargo de presidente de la Generalitat y después la Sala de lo Penal del Supremo anulara la sentencia que le inhabilitó por desobediencia.
Por su lado, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ya ha avisado a Torra de que sigue siendo diputado pese a la resolución del Supremo. La decisión de Torrent ha sido expresada a través de las redes sociales a pesar de que el presidente de la cámara catalana tiene prevista una comparecencia pública para justificar esta misma decisión, que se celebrará esta tarde. Torrent ha justificado la decisión en el mismo mensaje asegurando que «el reglamento del Parlament no prevé la inelegibilidad sobrevenida como causa de pérdida de la condición de diputado”.
Condenado por desobediencia
El presidente de la Generalitat había solicitado esta misma semana que se suspendiera el acuerdo de la JEC por el que le inhabilitaba por la condena por desobediencia impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por negarse a retirar unos lazos amarillos, tal y como le había ordenado la propia JEC. Torra considera que la resolución de la JEC obedece a una «persecución de tipo político» para cesarle, «usurpando» competencias del Parlament. Por su parte, el Govern «no acatará» la orden, según afirmó la portavoz del ejecutivo catalán, Meritxell Budó.
La resolución del órgano electoral dejaba al mismo tiempo sin efecto la credencial de Torra como diputado autonómico por Barcelona y declaraba vacante su escaño en el Parlament. El Supremo ha rechazado ahora congelar por precaución el acuerdo del ente encargado de velar por la neutralidad de los procesos electorales hasta que los magistrados resuelvan sobre el fondo de la cuestión.
