La Sala II del Tribunal Supremo ha acordado solicitar la petición del suplicatorio al Congreso de los Disputados para continuar con el procedimiento penal contra la diputada de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, después de que ésta rechazara declarar voluntariamente.
El Supremo abrió ya, en el mes de diciembre, una causa para investigar a la diputada por su presunta involucración en cuatro delitos relacionados con la prevaricación, el fraude a la Administración, la malversación de caudales públicos y la falsedad documental, en la etapa en que Borràs fue directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
El suplicatorio es el permiso del Congreso al Supremo para interrogar a Borràs. Por ello, la petición va acompañada de una exposición razonada del instructor de la causa, Eduardo de Porres, que es quien ha solicitado el permiso. Dicho juez ya citó a Laura Borràs el pasado 14 de febrero para prestar declaración voluntaria, en calidad de investigada en la causa, tal como la Ley le permite, pero la diputada optó por no acudir a la citación. A raíz de ello, el instructor preparó la exposición razonada para pedir su suplicatorio.
Investigación iniciada en Barcelona
La investigación del Supremo se abrió a propuesta del Juzgado de Instrucción, número 9, de Barcelona, que fue el que detectó la posible comisión de delitos por parte de la aforada. El Supremo destacó entonces que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por el Juzgado «podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental».
El Tribunal extendió su competencia, además de a Borràs, al investigado, Isaías Herrero, «por la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye a esta persona y la que se imputa a la aforada», se señala en un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Según la investigación del juzgado de Barcelona, como se recoge en la exposición razonada del magistrado, Eduardo de Porres, dirigida al Congreso, hay indicios racionales de que de los años 2013 a 2017, la Institució de les Lletres Catalanes adjudicó 18 contratos menores por importe total de 259.863 euros, de forma directa o indirecta, a través de sociedades, a Isaías Herrero, con quien Borràs, entonces directora del Instituto, mantenía una relación de amistad. Borràs y Herrero habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.
